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El Congreso aprobó ayer de forma definitiva la ley que regula la comercialización y liberación de los transgénicos. Las nuevas condiciones legislativas establece multas de hasta 1.200.000 euros para la comercialización o importación de transgénicos no autorizados.
El texto, criticado por los ecologistas y el PSOE al considerar que va en beneficio de las industrias biotecnológicas, establece que las sanciones a quien comerciales variedades de transgénicos no autorizadas pueden superar los mil millones de euros. En este sentido, la norma obliga a etiquetar los transgénicos, aunque no queda especificada la manera cómo deben ser etiquetados.
La norma establece además la creación de una comisión con representantes de los ministerios de Sanidad, Medio Ambiente y Agricultura. Esta comisión será la encargada de aprobar las variedades de transgénicos una vez se haya evaluado el riesgo, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. El texto permite la liberación de variedades transgénicos en aquellos casos en los que la "evaluación de las etapas anteriores revele que puede pasarse a la siguiente sin riesgos", informa El País.
En cuanto a la trazabilidad, la ley establece la obligación de "conservar los datos para facilitar su control y posible retirada del mercado en todas las fases de comercialización con el fin de obtener la localización retroactiva de sus movimientos en todas las etapas". Una de las condiciones del texto es la posibilidad de que el público tenga acceso a los datos de las variedades autorizadas y los resultados sobre los controles de comercialización.
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