Integrantes de Plataforma Rural piden que no se apruebe la ley sobre coexistencia de transgénicos y convencionales

• Fecha de publicación: 24 de diciembre de 2004

Las organizaciones han pedido al ejecutivo que abra un proceso legislativo democrático que culmine con la aprobación de una legislación de coexistencia, en la que se garantice la permanencia de una agricultura convencional y ecológica libres de organismos modificados genéticamente (OMG), amparando el derecho prioritario de los agricultores ecológicos y convencionales a no sufrir contaminación genética y estableciendo un régimen de responsabilidad civil en el que los daños ambientales, sociales y económicos derivados de los OMG, incluyendo la contaminación genética, recaiga sobre los titulares de las autorizaciones de su liberación al medio.

El Proyecto de Real Decreto que el MAPA se dispone a presentar al Consejo de Ministros ha sido valorado muy negativamente por las organizaciones firmantes de este comunicado, y así se lo han hecho saber a este ministerio y al de Medio Ambiente mediante el envío de un completo dosier de crítica. Algunas de las críticas consideran que el proyecto se basa en la aceptación de la contaminación genética generalizada, tomando como referencia los umbrales de presencia adventicia de OMG por debajo de los cuales un alimento no necesita ser etiquetado como "modificado genéticamente" (umbral fijado en 9,9%).

Según Plataforma Rural, esta visión es ilegal en el marco de la legislación europea ya que los reglamentos sobre trazabilidad y etiquetado dejan claro que la presencia de OMG en alimentos y piensos no transgénicos se tolera sólo si es "accidental o técnicamente inevitable". Por lo tanto legaliza la contaminación en lugar de establecer medidas para evitarla, cortando de raíz la libre elección de los productores convencionales y ecológicos a ofrecer alimentos totalmente libres de transgénicos. El borrador no establece tampoco un régimen de responsabilidad en caso de contaminación u otros daños causados por los OMG.

Otro de los puntos débiles, según los contrarios a la medida legislativa, es el de los registros de campos cultivados con OMG. De acuerdo con la legislación europea, este registro debería existir desde hace varios años y estar a disposición del público. En este sentido, es imprescindible que los agricultores que empleen variedades MG declaren con suficiente antelación sus intenciones de siembra, que el público en general tenga acceso a una información precisa sobre las localizaciones exactas de estos cultivos y que la administración se reserve el derecho de prohibir estos cultivos en determinados casos.

Por último, las organizaciones firmantes consideran que hasta que no se disponga de un sistema de coexistencia eficaz que recoja correctamente los puntos anteriormente mencionados y el resto de aspectos que se detallan en los informes entregados hoy a los responsables de ambos ministerios, el Gobierno debería decretar una moratoria sobre la aprobación de nuevas variedades MG para su liberación al medio ambiente y la suspensión de las ya permitidas por los graves impactos ambientales y sociales que están generando este tipo de cultivos en el campo español.