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Los Estados miembro han votado a favor de una propuesta de la Comisión Europea para adoptar una medida de emergencia que requiere una certificación expresa para las importaciones de productos a base de gluten de maíz y de la cebada de cerveceros procedentes de Estados Unidos para evitar la entrada de maíz modificado genéticamente prohibido en la UE.
Para Markos Kyprianou, comisario de salud de la UE, "se trata de mantener la confianza de los consumidores y asegurar que el maíz Bt10, prohibido en la UE, entre en territorio comunitario". Ahora, todas las importaciones de productos de maíz deben ir acompañadas de una certificación en la que se especifique que un producto esté libre del Bt10. Esta certificación debe ir acompañada de un informe analítico que lo realizará un laboratorio acreditado. Este informe demostrará, a la vez, que el producto no contiene Bt10.
Los Estados miembro de la UE son responsables de controlar las importaciones que entran en cada país. El objetivo es evitar que cualquier envío contaminado entre en la UE. Así, los responsables de la importación de alimentos son los encargados de asegurar que certifican productos libres de Bt10, de acuerdo con la ley de los alimentos europea. Según la actual información de las autoridades de Estados Unidos y del sector alimenticio europeo, los productos alimenticios de la UE no constituyen peligro y por lo tanto no se incluyen en el alcance de la medida de emergencia en esta etapa.
Sin embargo, la medida convenida hoy requiere a los Estados miembros supervisar si los productos alimenticios MG estén presentes en su mercado, si éstos han sido contaminados por Bt10 e informar a la Comisión. La Comisión está supervisando la situación y considerará la conveniencia de aplicar medidas adicionales si la evidencia lo requiere.
La noticia de la exportación del maíz Bt10, prohibido en la UE, fue notificada a la Comisión de las Comunidades Europeas por las autoridades de Estados Unidos el pasado 22 de marzo. La medida propuesta ahora será adoptada por la Comisión y entrará en vigor cuando expira el procedimiento escrito. La Comisión reevaluará la medida a finales de octubre de 2005.
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