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Agricultores y consumidores piden una ley que frene el encarecimiento del aceite

Denuncian que ha subido un 15% desde enero, pese a caer su precio un 27% en origen

  • Fecha de publicación: 20 de julio de 2006

Las organizaciones de agricultores y de consumidores exigieron ayer al Gobierno que asuma su responsabilidad en el encarecimiento del aceite de oliva, y apruebe una nueva ley que permita "frenar" sus subidas de precios. Esta norma, en la práctica, no impediría de forma automática esos incrementos pero sí analizaría sus causas y determinaría si se ha producido algún "abuso" en la cadena de comercialización.

Los últimos datos conocidos apuntan la posible existencia de este tipo de prácticas pues, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el coste del aceite de oliva ha descendido un 27% en origen desde enero, mientras que en destino se ha incrementado un 15%.

COAG y las organizaciones de consumidores UCE y CEACCU han elaborado un informe sobre las posibles causas de la subida de precio del aceite. Indican que ese aumento se debe tanto a la desaparición de los sistemas de intervención pública como a los dos años continuados de cosechas escasas, o incluso a supuestos «errores» en la contabilidad y previsiones de estas últimas. También incluyen el aumento de los costes de producción, la concentración de las empresas comercializadoras (sólo dos grupos controlan casi el 40% del mercado interior), la «insostenibilidad» de la estrategia de venta a pérdidas y los movimientos «especulativos» de la industria envasadora.

Otro motivo del encarecimiento sería un aumento puntual de la demanda, pero en el estudio se le resta importancia por su carácter esporádico. Las principales «iras» de agricultores y, sobre todo, consumidores se dirigen contra las «prácticas especulativas» que, en su opinión, mantienen las empresas envasadoras. Estas reconocen que en algunos casos están vendiendo aceite a un precio más alto del que marcaría el mercado en la actualidad, pero lo justifican en que se trata de existencias adquiridas meses atrás cuando su coste era más elevado. Ya de forma general, sostienen que han moderado sus tarifas.

Los consumidores, sin embargo, dicen que ellos apenas han notado ese teórico descenso y culpan a la Administración de «no hacer nada». Admiten que, dentro de la libertad de mercado, el Gobierno no tiene mucho margen de maniobra, pero entienden que sí el suficiente para crear una ley específica sobre comercio de productos agroalimentarios, de manera que haya más transparencia en los diferentes costes de la cadena.




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