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El Gobierno español refuerza la protección de los consumidores en materia de seguridad alimentaria

La nueva Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estará legitimada para el ejercicio de acciones de cesación

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, detalló ayer las ayer nuevas funciones que asumirá la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) tras la aprobación de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios. A partir de la entrada en vigor de la ley, este organismo pasará a llamarse Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

  • Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2006

«La razón de esta modificación -dijo Salgado- estriba en la necesidad de superar un concepto anticuado de la salud alimentaria, que se veía restringido a los aspectos de la prevención de las enfermedades con origen en el consumo de alimentos». Las nuevas competencias del organismo serán planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en especial, en la prevención de la obesidad.

Dentro de sus nuevas competencias, la AESAN estará legitimada para el ejercicio de acciones de cesación, un nuevo instrumento que le permitirá proteger a los consumidores, recurriendo a la tutela de los tribunales de justicia, cuando considere que sus intereses están siendo vulnerados.

En la ley están previstos dos supuestos en los que se podrá ejercitar dicha competencia: el primero se extiende de manera genérica a las conductas que lesionen los intereses de los consumidores y usuarios en materia de seguridad alimentaria, y el segundo se refiere a un aspecto concreto de la comercialización de los alimentos, como es la utilización de alegaciones nutricionales -informaciones sobre propiedades saludables de los productos- en la publicidad.

Este último aspecto es especialmente importante, puesto que permite el ejercicio de acciones de cesación cuando sean necesarias la rectificación o la retirada de publicidad ilícita que afecte a los intereses de los consumidores en el ámbito de la seguridad alimentaria.



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