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La nueva legislación exige un uso sostenible de los productos fitosanitarios y tiene en cuenta sus efectos nocivos
El Parlamento Europeo dio ayer el visto bueno a un paquete de normas para regular el uso y la comercialización de pesticidas. La nueva legislación exige un uso sostenible de los productos fitosanitarios y tiene en cuenta sus efectos nocivos para la salud. Por ello, prohíbe el uso de los pulverizadores aéreos y endurece los criterios de aprobación de nuevos productos.
Los pesticidas tienen un ciclo de vida que se divide en tres fases: la comercialización o introducción en el mercado, el uso diario y el final de la vida -cuando se convierten en residuos o desechos-. Las nuevas normas sólo cubren las dos primeras fases, puesto que la última está integrada en otra legislación.
El uso diario de los productos fitosanitarios aún no está regulado por leyes comunitarias. Para «cubrir este vacío», Bruselas presentó una directiva sobre el uso sostenible de los pesticidas. Esta normativa recoge diferentes medidas, como el establecimiento de planes de acción nacionales para identificar los ámbitos, las actividades o las zonas más expuestas a los riesgos relacionados con estos productos. Asimismo, prohíbe la pulverización aérea de los pesticidas y promueve zonas donde sólo se permita un uso muy restringido de estos productos, así como una mayor formación de los usuarios profesionales. La directiva también propone medidas especiales de protección de las aguas.
La Eurocámara se pronunció a favor de estas normas, pero pide medidas más duras en algunos casos. Así, los eurodiputados rechazaron imponer una reducción en el uso de plaguicidas del 25% en cinco años y del 50% en 10 años. También aprobaron «conceder subvenciones o adoptar medidas fiscales para fomentar el uso de productos fitosanitarios con una nocividad menor». Además, respaldaron la prohibición de la pulverización aérea debido a los riesgos que conlleva en las zonas pobladas.
Por otro lado, se endurecen los criterios de aprobación de nuevos pesticidas con el objetivo de mejorar la protección de la salud y el medio ambiente, y reducir la experimentación con animales. La nueva legislación introduce además a nivel comunitario una lista de «sustancias activas», que servirá de guía a los Estados cuando quieran conceder autorizaciones nacionales a nuevos fitosanitarios.
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