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Presentará este mes un Plan de Acción para tratar de devolver a los consumidores la confianza en los alimentos
Los últimos escándalos alimentarios en Estados Unidos, principalmente con productos procedentes de China, han llevado a la Administración Bush a elaborar un Plan de Acción dirigido a incrementar la seguridad de las importaciones alimentarias. Este proyecto será presentado a mediados de mes con el fin de devolver a los consumidores la confianza en los productos alimenticios, según informa FEPEX.
Según datos del Food Marketing Institute, la confianza del consumidor estadounidense respecto a la seguridad alimentaria ha descendido durante este año y sólo un 66% de los consumidores confían en que la comida que compran es segura. El Plan de Acción está siendo elaborado desde el verano por un grupo de trabajo compuesto por representantes de distintos departamentos de la Administración. Estos analizan cuál sería el mejor sistema para mejorar la seguridad de los productos importados.
El Gobierno considera que el volumen total de las importaciones (por un valor de 2,2, billones de dólares este año) hace que el incremento de inspecciones sea inviable, ya que podría requerir miles de nuevos inspectores, y podría ralentizar el comercio en las fronteras.
El aumento de las inspecciones en frontera es las principal demanda de muchos congresistas, junto con el otorgamiento de poderes a la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA, sus siglas en inglés) para decretar retiradas del mercado. En este sentido, se han realizado propuestas para cobrar tarifas a los importadores con el objetivo de recaudar los fondos necesarios y así financiar un hipotético incremento de las inspecciones.
Asimismo, se estudia incluir el uso de nuevas tecnologías para inspeccionar los envíos de importadores dudosos e impulsar la coordinación entre agencias para la supervisión de partidas. Por otro lado, el Senado estadounidense podría aprobar una enmienda a la Ley Agraria que terminaría con las 12 agencias alimentarias existentes a nivel federal en los próximos dos años, y así dar tiempo al Congreso para estructurar nuevamente el sistema de seguridad alimentaria en torno a una única agencia que reúna todas las competencias.
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