Andalucía aprueba el proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera

• Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2010

La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, que pretende potenciar la competitividad y reforzar las garantías de los consumidores. El texto establece medidas dirigidas a la agroindustria y a la pesca, dos sectores que en la actualidad suman más de 6.800 empresas y alrededor de 63.000 empleos en Andalucía. También servirá para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

La norma regula los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas. La futura ley está formada por dos bloques diferenciados: el referido a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y un segundo bloque cuyo objetivo es el fomento de la calidad diferenciada. Para ello, fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración.

Respecto a los operadores, el sistema debe tener en cuenta la identificación de los productos desde su origen hasta que llegan al consumidor, garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones del etiquetado y la publicidad, así como disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos. Los controles oficiales de la Administración se centran, sobre todo, en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada.

También se regula la calidad diferenciada, de manera que se adaptan las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de Calidad Certificada que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.