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Durante estos días, en Europa, se debate la revisión intermedia de la PAC. Desde Bruselas se define el debate como una revisión o modelo "hacia una agricultura sostenible" mientras que países como España y Francia, entre otros, no coinciden en que el modelo planteado sea el más beneficioso de cara al futuro.
Se trata de una revisión a medio plazo de uno de los pilares comunitarios en base a una decisión adoptada en los Acuerdos de Berlín en 1999. España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda y Francia se oponen a la propuesta de revisión de Política Agraria Común (PAC) europea planteada por el comisario de Agricultura europeo, Franz Fischler. Mientras que países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Suecia apoyan las tesis de cambio a medio plazo por el comisario Europeo.
Algunos remarcan que determinadas circunstancias, entre ellas las crisis de "vacas locas" o fiebre aftosa, han adelantado la discusión de esta reforma. Propuestas que entrarían en vigor en el año 2004, si bien todavía no hay nada decidido y continúan las protestas por parte de numerosos organismos de agricultores.
Hacia una agricultura sostenible
Bajo este lema la Comisión Europea justifica los principales puntos de la revisión intermedia en la política agrícola común de la Unión Europea. Así, considera que el gasto público del sector agrario debe justificarse mejor y es preciso obtener a cambio algo del mismo, bien a través de la mejora de la calidad de los alimentos, la conservación del medio ambiente, el bienestar de los animales, el paisaje o el patrimonio cultural. Y también garantizar un nivel de vida aceptable de los agricultores y que los consumidores y contribuyentes vean un empleo más eficiente del dinero gastado.
Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propone, entre otros aspectos básicos, la eliminación del vínculo entre la producción y las ayudas directas, supeditar dichas ayudas al cumplimiento de normas de salubridad de alimentos, bienestar animal y seguridad en el trabajo, incrementar de forma significativa los fondos comunitarios destinados al desarrollo rural, reduciendo las ayudas directas en general, salvo para pequeños agricultores implantando un sistema de auditorias. Además propone la modificación a medio plazo del régimen de los cereales, el centeno, los forrajes desecados, el trigo duro, el arroz y los frutos secos.
Desacuerdos en la discusión
Aunque el planteamiento de Fischler no concreta cifras sí propone la reducción de ayudas directas en un plazo de siete años a cambio de un aumento de las ayudas destinadas al desarrollo rural. Para el comisario europeo de Agricultura su línea apunta a devolver al agricultor el papel de empresario. Es decir, darle libertad para producir lo que quiera o lo que pueda vender. Según Bruselas, lo que se está haciendo con esta propuesta es adecuar la política agrícola a las demandas de la sociedad y la evolución de los mercados
Para Fischler no se trata de favorecer más a unos países que a otros sino de tener en cuenta, a la hora de la discusión de las propuestas, los diferentes modelos de explotaciones o estructuras agrarias. A su juicio, y si bien todavía no se puede cuantificar el impacto, el comisario se muestra optimista respecto a los beneficios futuribles. Un planteamiento que no comparte el ministro de Agricultura español Miguel Arias Cañete que recientemente en Galicia apuntaba como muy negativas las ideas de Fischler. Las organizaciones agrarias por su parte ven una amenaza contra la sostenibilidad de la agricultura y donde el recorte en las ayudas puede poner en peligro la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones.
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