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Las nefastas consecuencias de una confusión de garrafas

Las medidas de seguridad deben extremarse cuando en el mercado existen productos que presentan características similares pero con utilidades diferentes. Este es el caso del agua de consumo, fácilmente confundible con sustancias químicas de características similares. Esto es precisamente lo que ocurrió en un comedor escolar.

Determinados productos químicos como disolventes o detergentes, entre muchos otros, pueden provocar consecuencias desagradables. Especialmente, si su aspecto es similar al agua, es decir, se presentan en forma de líquido incoloro. En el supuesto de que estos productos se pongan a disposición de niños o personas con la capacidad disminuida, las medidas de seguridad y la atención para que no se produzca un grave error deben extremarse, pues el descuido producido difícilmente va a poder ser suplido.

Las consecuencias que para la salud de las personas se derivan por negligencia en cuanto a un error de producto, máxime cuando se trata de alimentos puestos a disposición de los más pequeños en un comedor escolar, pueden ser de extrema gravedad. Para conocer de forma más directa las consecuencias jurídicas que se pueden derivar de un error de este tipo, analizamos el presente caso real.

¿Lavavajillas o agua de consumo?
Los hechos nos llevan hasta octubre de 1994. En un colegio público de una localidad madrileña, y sobre las 13:00 horas, se sirve la comida del mediodía para los más pequeños, entre 6 y 9 años. Y la persona que se encargaba de distribuir la comida entre los escolares es una nueva empleada de la empresa de catering. Entre sus misiones está la de rellenar las jarras de agua y el colocarlas en cada una de las mesas. El líquido con el que se ha realizado el relleno de las jarras no ha sido agua, sino un lavavajillas que se ha confundido con agua, y que procede de unas garrafas que han sido depositadas en el lugar habitual donde se dejan las de agua.

Las garrafas carecen de etiquetado. No obstante, si bien el envase era de características similares, era posible distinguirlo de los de agua por la forma y la capacidad del mismo. Tres de los escolares que estaban en el comedor ingirieron el contenido del vaso previamente rellenado con líquido procedente de las jarras, presentando seguidamente diferentes síntomas, por lo que se procede a su traslado hospitalario

. Las consecuencias físicas
Las consecuencias fueron de carácter leve para dos de las menores que resultaron afectadas, pero muy graves para una de ellas. El líquido que resultó ser lavavajillas causó las siguientes heridas:

A la primera persona: erosiones en mucosa bucal y orofaringe que tardaron en curar ocho días y precisaron tres días de ingreso hospitalario.

A la segunda: erosiones en labios, lengua y orofaringe que tardaron en curar ocho días y precisaron tres de ingreso hospitalario.

A la tercera y más grave: esofaguitis y gastritis cáustica, perforación esofágica, neumopericardio, gastrostomía de descarga, piloroplastía, hemorragia digestiva, pancreatitis y colestosis y reacción urticarial secundaria a alimentación parenteral, que tardaron en curar 414 días, con 209 de impedimento, y precisaron tratamiento médico con necesidad de tres intervenciones quirúrgicas consistentes en gastrectomía de descarga, piloroplastía y sustitución esofágica por injerto de colón transverso, con necesidad de múltiples dilataciones esofágicas, quedándole como secuelas cicatriz de 21 cm. En línea media torácico abdominal, de 10 cm en cuello y de 3x2 cm, en región periumbilical así como cicatrices puntiformes en región supraclavicular izquierda, con molestias y dolores abdominales relacionadas con la ingesta alimenticia tales como reflujos gástricos, emisión de gases incontrolada por boca y dificultades en pasar el bolo alimenticio, lo que determina la necesidad de higiene y cuidados especiales en relación con las comidas y su digestión, habiendo necesitado también tratamiento psiquiátrico.

Consecuencias jurídicas: una pena leve para un error grave
Como hemos comentado en otros episodios judiciales, las consecuencias jurídicas no son ni mucho menos inmediatas, y en algunos casos, ni siquiera reparadoras ni satisfactorias. En el presente supuesto, la cosa no iba a ser menos y la resolución final, tras una primera sentencia, llegó al cabo de seis largos años.

La primera resolución, tras un período de instrucción por delito, procedió a absolver a las personas que venían siendo acusadas, entre ellas la empleada del catering, el director del colegio y el gerente de la empresa de catering. Esta primera fase, agotadora y de resultados "injustos", cuanto menos a los ojos de los padres de la menor, duró nada más y nada menos que cinco años. La Sentencia, dictada por un Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares, fue recurrida por los padres de la menor y por el Ministerio Fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el recurso de apelación, y dictó nueva Sentencia, por la que daba la razón a los instantes, si bien de modo parcial, dado que condenó exclusivamente a la empleada de la empresa de catering, como autora de una falta de imprudencia a la pena de un día de arresto menor domiciliario y a indemnizar a la menor más grave en 33.140.000 pesetas (199.175,41 euros) y a las que presentaron lesiones más leves en 55.000 pesetas (660,56 euros) a cada una de ellas, con responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de catering, y directa por obligación de subrogarse en el pago a la compañía de seguros. El Código Penal que resultó de aplicación fue el vigente en el momento de producirse los hechos (Código Penal de 1973) y no el del momento de enjuiciarse los mismos (Código Penal de 1995), por ser más beneficioso para el culpable. La pena prevista, además, se aplicó en su grado mínimo por las dilaciones indebidas sufridas por ésta durante la tramitación del procedimiento.

Las razones para una condena
La responsabilidad penal de la empleada de la empresa de catering que sirvió el agua fue considerada de carácter leve: falta de lesiones graves por imprudencia.

La empleada conocía ciertas realidades que le hacían responsable del control de determinado riesgo en su actividad, como era el hecho de que llevaban días esperando el pedido de detergente; que el agua y el detergente los suministraba la misma empresa; y que la garrafa que manipulaba pensando que era de agua era distinta de las demás en forma y tamaño.

El Tribunal le reprocha el hecho de que no tuvo en cuenta la posibilidad de que la citada garrafa no fuera de agua, y le dice que este hecho "no puede ignorarse". El error padecido, por tanto, era evitable si se hubiera prestado mayor atención y con haber dispuesto de otra garrafa de las que les suministraron, y que contenía agua; El Tribunal considera "parcialmente disculpable (el error) porque el color y el aspecto no difieren de los del agua".

La responsabilidad penal se sustenta en la falta de diligencia exigible en el llenado de las jarras con un líquido peligroso para la salud de sus destinatarios, niños de corta edad, y con pocas posibilidades de reacción ante un error en el producto: detergente parecido al agua.

La seguridad: una cuestión compartida
El Tribunal de apelación se lamenta de que en la causa no hayan sido acusadas otras personas por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular; considerando a la empleada como el último eslabón de una cadena de negligencias. En este sentido apunta hacia la actitud del Conserje del colegio, del que manifiesta que no "queda claro si avisó de la llegada del detergente que se estaba esperando y que nada dijo cuando se colocó la garrafa que lo contenía en el mismo lugar que las de agua"; y de la misma forma, piensa en los servicios de reparto de la empresa de catering "que sirven en el mismo lote y sin especiales advertencias agua y detergente, en los que rellenan esas garrafas de detergente procedente de otras mayores sin etiquetar ni precintar los tapones"; o incluso, en la persona responsable del área de la empresa suministradora, que permanecía ignorante de la conducta de los empleados y no procedió al control y a la supervisión de la tarea desarrollada por éstos.

La responsabilidad derivada de una falta de adopción de las medidas de seguridad alimentaria compete a todas aquellas personas que están en relación con un riesgo o peligro de consecuencias negativas para la salud de las personas, y cuya actuación negligente o conducta de "no hacer" provoca las mencionadas consecuencias.

En este sentido, el Tribunal de apelación absuelve al gerente de la empresa de catering y al director del colegio, "al que no es exigible que 'esté detrás' de todos los intervinientes en el servicio salvando cada una de sus negligencias y respondiendo penalmente de no hacerlo".

Bibliografía

  • REFERENCIA JUDICIAL: AP Madrid , sec. 5ª , S 14-02-2000, núm. 194/2000. Pte: Beltrán Núñez, Arturo

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