Saltar el menú de navegación e ir al contenido

EROSKI CONSUMER, el diario del consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canales de EROSKI CONSUMER

Secciones dentro de este canal: Seguridad alimentaria


Estás en la siguiente localización: Portada > Seguridad alimentaria > Normativa legal

Tipos de contenidos: Seguridad alimentaria

^

La cara legal del botellón

El decreto contra el botellón aprobado recientemente en Madrid es sólo la punta del iceberg de un conjunto de medidas destinadas a frenar el consumo de alcohol entre las franjas más jóvenes de la población. Distintas comunidades autónomas han iniciado actuaciones legislativas con el mismo fin aunque subyace la idea, entre productores y parte de los consumidores, de un exceso de celo en el trato dispensado.

La nueva cruzada contra productos de consumo generalizado y socialmente bien aceptados pese a su potencial tóxico y adictivo, se ha centrado ahora en las bebidas alcohólicas, sin distinción. Tras la ardua batalla que se está librando contra el tabaco, le ha tocado el turno al alcohol, que ya estaba en el punto de mira de las autoridades sanitarias desde hace algunos años. El consumo de alcohol, sobre todo en las franjas de edad más jóvenes, y la facilidad con la que las bebidas pueden ser consumidas en plena calle, ha provocado cierta alarma social y la actuación directa de la Administración.

El arranque de lo que está siendo una decisión polémica y que tiene su punto más visible en el decreto contra el botellón firmado recientemente en la Comunidad de Madrid, viene avalado en parte por el peso de las estadísticas. Los estudios realizados en la población española revelan que el inicio en el consumo de bebidas alcohólicas se da en edades muy tempranas, siendo la "sustancia tóxica" de mayor consumo entre los jóvenes de 14 á 18 años. Las consecuencias directas e indirectas que se derivan de un consumo inadecuado de bebidas alcohólicas representan un coste muy alto que la sociedad no puede asumir: gastos médicos y hospitalarios, accidentalidad y drogodependencia, entre otros. Las consecuencias molestas derivadas del "botellón" han hecho el resto.

El tratamiento dado a la cuestión parece asemejarse a la intensa actividad administrativa contra el tabaco. Sin embargo, les separa un importante matiz. El tabaco hasta hace un tiempo era considerado y clasificado como "alimento estimulante". En la actualidad, el tabaco ha quedado excluído de su categoría de alimento; meridianamente claro lo ha dejado el nuevo Reglamento CE 178/2002. Las bebidas alcohólicas, sin embargo, siguen formando parte de la "familia de los alimentos" y ello les somete al régimen legal establecido para éstos. Sin duda, este es mucho más estricto que el de aquellos productos que han dejarlo de ser considerados como alimentos y que no se hallan sometidos a una regulación específica, como ocurre con el tabaco.

Zonas límite al consumo de alcohol

Pese a ello, la Administración ha tomado la firme decisión de poner límite al consumo de bebidas alcohólicas. Las limitaciones se centran básicamente en los sujetos consumidores y en el lugar de consumo de las mismas. El Anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol ha levantado una auténtica polvareda entre productores, especialmente aquellos de bebidas con más baja graduación alcohólica, como la cerveza y el vino, y los consumidores más jóvenes.

Algunas comunidades autónomas ya cuentan con regulaciones que restringen el consumo de alcohol en la vía pública. La norma más reciente sobre este aspecto se ha dictado en la Comunidad de Madrid en el mes de junio de 2002, donde la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública ya es una realidad desde el pasado 28 de julio de 2002, en pleno verano. La prohibición de consumo en la vía pública es generalizada. No obstante, y previa Ordenanza Municipal, se podrán consumir y vender en "terrazas, veladores o en días de feria o fiestas patronales o similares".

La Comunidad de Madrid no es la única que ha regulado la prohición en la vía pública del consumo de alcohol; otras ya le precedieron en esta acción administrativa. En este sentido, la pionera en cuanto a la posibilidad de hacerlo mediante ordenanza municipal fue la Comunidad de Castilla y León, allá por el año 1994. Le siguieron en 1997, Valencia, Cantabria y Murcia; en 1998, Canarias; y en el año 2001, Aragón que, junto a la ya nombrada de Murcia, otorga la competencia para regular la venta y consumo en la vía pública de alcohol a las corporaciones locales mediante ordenanzas municipales.

¿Una droga legalizada?

Aunque de forma generalizada no se conozca, las normativas comentadas se enmarcan dentro de la preocupación social por el consumo de drogas y la consideración del alcohol como droga y producto de consumo legal. Las comunidades autónomas señaladas han introducido la prohibición de consumo de alcohol en el marco de normativas sobre "drogas, prevención, asistencia e integración social de drogodependientes, trastornos adictivos."

En este sentido, diferentes legislaciones autonómicas han determinado que las bebidas alcohólicas son un producto que genera dependencia, en el marco de sus competencias de sanidad. La legislación catalana fue la primera en regular esta cuestión en el año 1985, incluyendo a las bebidas alcohólicas y al tabaco, entre otras no institucionalizadas, en la enumeración de sustancias que pueden generar dependencia. La definición sobre dependencia que enunciaba no tiene desperdicio: "estado psicoorgánico que resulta de la absorción repetida de una sustancia, caracterizado por el desencadenamiento en el organismo de una serie de fuerzas que impulsan al consumo continuado de la referida sustancia."

La legislación canaria de 1998 sobre drogodepencias ahondó algo más sobre el concepto de droga, en el que se consideraban incluidas las bebidas alcohólicas, y la definía como "todas aquellas sustancias que administradas por cualquier vía, sean capaces de provocar cambios en la conducta, producir efectos nocivos para la salud y el bienestar físico o psíquico, crear dependencia y en general, todas aquellas que puedan modificar una o más funciones del organismo".

Sectores vulnerables

La normativa no esconde, por un lado, los efectos derivados de los trastornos adictivos, y por otro, que el consumo de bebidas alcohólicas se encuentra muy arraigado y socialmente aceptado, afectando de una forma especial a los adolescentes y jóvenes, como sector de la población más vulnerable.

Las medidas que se establecen, y las que aún se esperan, tienen por objetivo fundamental prevenir el consumo de alcohol entre la población menor de dieciocho años, y lograr una disminución generalizada de su consumo, en prevención de los efectos adversos y determinados riesgos que su consumo para los menores, y su abuso, para los mayores, conllevan para la salud pública.

La Administración, en este sentido, se ha instituido como garante de los derechos de los ciudadanos a la protección de su salud, y aunque éstos no quieran. Una actuación diferente le hacen acreedora de responsabilidad. Y sea quizás ésto lo que trata de evitarse mediante la adopción de medidas impopulares como éstas, que una parte de los ciudadanos interpretan como de pérdida de libertad individual.

La otra parte de la ciudadanía quizás pudieran reclamar una información más detallada de sus derechos a la salud y a la seguridad de los productos que consumen o que pueden decidirse a consumir, y probablemente reclamen un etiquetado más completo de las bebidas alcohólicas acorde con su condición legal de "drogas", donde se indiquen las consecuencias o no de su consumo. El tabaco, cuya batalla se inició antes, todavía no indica su poder adictivo. Estamos sólo en los comienzos de un futuro incierto para consumidores y productores, donde sin distinciones de grados se han metido a todos en un mismo saco, y quizás, injustamente.

Bibliografía

  • Ley 5/2002, de la Comunidad de Madrid, de 27 de junio, sobre Drogodepencias y otros Trastornos Adictivos.
  • Ley 3/2001, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias.
  • Ley 9/1998, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.
  • Ley 6/1997, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 22 de octubre, sobre drogas, para la prevención , asistencia e integración social.
  • Ley 5/1997, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de 6 de octubre, de prevención, asistencia e incorporación social en materia de drogodepedencias.
  • Ley 3/1997, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de 16 de junio, sobre drogas, para la prevención, asistencia e integración social.
  • Ley 3/1994, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes.
  • Ley 20/1985, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencia.

Al publicar un comentario aceptas la política de protección de datos



Otros servicios


Buscar en
Fundación EROSKI

Validaciones de esta página

  • : Conformidad con el Nivel Triple-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
  • XHTML: Validación del W3C indicando que este documento es XHTML 1.1 correcto
  • CSS: Validación del W3C indicando que este documento usa CSS de forma correcta
  • RSS: Validación de feedvalidator.org indicando que nuestros titulares RSS tienen un formato correcto