Juicio a la Directiva de complementos alimenticios

La Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, adolece de nulidad. Así lo ha entendido el Abogado General Adrian Geelhoed durante la presentación de sus conclusiones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el pasado 5 de abril de 2005, en el marco de sendos procesos comunitarios acumulados por prejudicialidad e instados por la Corte Suprema de Justicia de Inglaterra y Gales.

A juicio del Abogado General, la Directiva en cuestión viola el principio de proporcionalidad, al no tener en cuenta principios básicos del Derecho comunitario tales como las exigencias de protección jurídica, seguridad jurídica y buena administración que deben amparar, en este caso, a los diferentes operadores, que incluso se enfrentan a la posibilidad de tener que dejar sus negocios ante las prohibiciones legales establecidas sobre sustancias que anteriormente estaban permitidas en los complementos alimenticios.

La decisión deberá adoptarse poco antes de la prohibición generalizada que tienen que adoptar todos los Estados miembros a partir del 1 de agosto de 2005, respecto a los productos que incumplan lo dispuesto en la norma comunitaria.

Pleitos principales

La directiva cuestionada establece prohibiciones legales para productos antes permitidos Los procedimientos principales fueron planteados por la Alliance for Natural Health y por Nutri-Link Limited en el asunto C 154/04. Se trata, respectivamente, de una asociación de fabricantes, mayoristas, distribuidores, minoristas y consumidores de complementos alimenticios de ámbito europeo, y de un pequeño distribuidor especializado y minorista de complementos alimenticios en el Reino Unido. A ellas se unieron la National Association of Health Stores y Health Food Manufacturers Limited en el asunto C 155/04, dos asociaciones empresariales que representan aproximadamente a 580 pequeñas empresas dedicadas a la venta de alimentos beneficiosos para la salud en el Reino Unido.

La solicitud presentada en sendos procedimientos, ambos iniciados en octubre de 2003, no era otra que el control jurisdiccional en relación con los Reglamentos aprobados en Inglaterra y Gales sobre complementos alimenticios, al considerar que los mismos eran incompatibles con el Derecho comunitario. Y es que tanto la Directiva, como los Reglamentos que adaptaron la norma comunitaria al derecho interno, prohíben la comercialización de complementos alimenticios que no cumplan la Directiva debido a la utilización en su fabricación de sustancias no permitidas por ésta con efectos desde el 1 de agosto de 2005.

La em>Queen's Bench Division (Administrative Court) de la Corte Suprema de Justicia (Inglaterra y Gales) concedió a las demandantes en los procedimientos principales la venia para solicitar el control jurisdiccional de los Reglamentos sobre complementos alimenticios y, en tales circunstancias, decidió, mediante sendas resoluciones de 3 de marzo de 2004, suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial, idéntica en ambos asuntos.

Infracción del principio de proporcionalidad

Las demandantes en los procedimientos principales sostienen que las disposiciones comunitarias son desproporcionadas. En este sentido, alegan que la prohibición no es en modo alguno necesaria teniendo en cuenta la facultad discrecional de que gozan los Estados miembros para restringir el comercio de productos que no cumplan la Directiva.

Además se quejan de que las listas positivas que aparecen en la misma se elaboraron sobre la base de listas establecidas en circunstancias completamente distintas y no sobre la base de los criterios mencionados en el undécimo considerando de la Directiva, según los cuales las sustancias utilizadas no deben presentar peligro y deben ser aprovechables por el organismo.

Lo que no entienden es que la prohibición afecte a sustancias y minerales de cuya necesidad para la dieta nadie duda o de las que no consta que constituyan un riesgo para la salud. Y se quejan de que en las listas positivas se transluzca la preferencia por las formas no orgánicas de las vitaminas y minerales, lo que determina la exclusión injustificada y desproporcionada de sus formas naturales que, sin embargo, son habituales en la dieta normal y son toleradas mejor por el organismo.p> Las demandantes entienden que los objetivos de la Directiva podrían haberse alcanzado por medio de soluciones menos restrictivas que las adoptadas en este caso, como los sistemas de «lista negativa» o de «lista aprobada»: un sistema de listas positivas acompañado por requisitos armonizados o un procedimiento centralizado de aprobación para los productos que no cumplan la Directiva, o un sistema de listas positivas que contengan todos los nutrientes respecto a los cuales se ha acreditado que no presentan peligro y son beneficiosos para la salud.

Legalidad del sistema de listas positivas

El Abogado General considera que la aplicación de un sistema de listas positivas es en sí misma adecuada, dado que presenta la ventaja de ser claro tanto para todas las partes interesadas como para las autoridades nacionales competentes. De ello se deduce que las sustancias incluidas en la lista han sido examinadas y se consideran carentes de riesgos.

En este sentido, los Estados miembros están obligados a permitir el comercio de todos los complementos alimenticios que contengan sustancias incluidas en las listas positivas, creando un auténtico mercado interno, sin restricciones particulares. Por ello, concluye que la elección de un instrumento legislativo que usa listas positivas de sustancias permitidas, que por un lado persigue lograr un elevado nivel de protección de la salud pública y por otro impone fuertes restricciones a la libertad de los operadores comerciales de determinados Estados miembros de producir y comercializar productos alimenticios enriquecidos con minerales o vitaminas, no puede considerarse en sí misma contraria al principio de proporcionalidad.

Sin embargo, el Abogado General considera que el legislador comunitario en la adopción de los instrumentos legales del sistema de lista positiva no ha respetado los cuidados necesarios para adoptar una medida tan restrictiva. En su formato actual, la medida afecta de manera significativa a la libertad de los operadores comerciales, al impedirles seguir realizando actividades que anteriormente estaban autorizadas y se consideraban carentes de riesgos, sometiendo el desarrollo y la producción de nuevos productos al examen previo por la Comisión para su inclusión en la lista positiva.