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España se adelanta a la UE en la autorización de nuevos transgénicos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado luz verde al cultivo de cinco nuevas variedades de maíz transgénico. La autorización, pendiente de su inclusión en el Registro de Variedades y su publicación en el BOE, es la primera que se produce en la Unión Europea desde la entrada en vigor de la actual moratoria sobre organismos modificados genéticamente. La propia UE había manifestado recientemente que no se daría ninguna autorización "antes de otoño de 2003". Diversas organizaciones ecologistas han mostrado su rechazo a la autorización.

Las variedades autorizadas pertenecen a las compañías Monsanto, Syngenta y Pioneer, y al consorcio francés Limagrain. Todas ellas incorporan modificaciones genéticas que les confieren mayor resistencia a la plaga del taladro. Una está basada en el llamado evento 176, propiedad de Syngenta, y las otras cuatro en el gen Mo 810, de Monsanto. Ambas modificaciones genéticas fueron autorizadas en 1998 por la Unión Europea, año en el que las empresas presentaron sus respectivas peticiones de autorización al gobierno español. Desde entonces han estado aguardando a que el Ministerio de Agricultura emitiera un voto favorable para su inclusión en el Registro de Variedades, trámite obligatorio previo a su comercialización.

La decisión del ministerio, avanzada durante el acto de clausura de la feria Biospain por la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, y confirmada a consumaseguridad.com esta misma semana por fuentes ministeriales, representa la primera de estas características que se aprueba en la Unión Europea desde la entrada en vigor de la moratoria que pesa sobre organismos modificados genéticamente (OGM).

Consenso roto

La autorización, por la que ya han expresado su rechazo diversas organizaciones ecologistas, supone también, según fuentes oficiales de la UE, la rotura del consenso alcanzado por los ministros de medio ambiente europeos respecto a la conveniencia de no facilitar la entrada en el mercado de nuevas variedades por lo menos hasta el próximo otoño.

Según un comunicado hecho público ayer miércoles (cinco de marzo) por el Consejo de Medio Ambiente de la Comisión Europea, las delegaciones de los distintos Estados miembro alcanzaron un acuerdo para no impulsar nuevas autorizaciones hasta que las regulaciones que afectan a semillas y alimentos transgénicos, así como las que incluyen la trazabilidad de los productos y su etiquetado, fueran transpuestas de forma efectiva en cada uno de los países que integran la UE.

Asimismo, el Consejo de Medio Ambiente señala que quedan aspectos pendientes de solución como la coexistencia de cultivos transgénicos con otras formas como las convencionales o los emergentes cultivos biológicos. Al respecto, la Comisión recuerda que se han constatado casos de contaminaciones cruzadas que deberían evitarse en un futuro.

Es por estas razones que los ministros de medio ambiente, pese a la gran divergencia existente entre ellos, que recomiendan por el momento no autorizar ninguna nueva aplicación. De acuerdo con datos oficiales, en los despachos de Agricultura de distintos países se acumulan ahora mismo 19 peticiones, cinco de ellas correspondientes a las aprobadas por España.

La moratoria toca a su fin

La directiva europea sobre vegetales transgénicos aprobada en 2001, y transpuesta recientemente en España, se interpretó en su día como el primer paso para el levantamiento de la moratoria "de hecho" impuesta por el parlamento europeo en 1998. Entonces se especuló con que eso ocurriera a finales de 2001 o, en el peor de los casos, para la primavera de 2002. Finalmente, todo apunta que va a ser ano y medio después, a finales de 2003.

La directiva representó, y representa todavía, las reglas del juego sobre las que, a juicio de distintos expertos, se establecen los mecanismos de control y se define el marco en el que pueden moverse las empresas productoras de semillas transgénicas. Asimismo, marcaba el calendario para que los Estados miembro adaptaran sus legislaciones. En la mayor parte de los casos eso ya ha ocurrido. Todo quedaba pendiente, por tanto, de la publicación de las normas específicas sobre etiquetado y trazabilidad y sobre responsabilidad ambiental, no contempladas en la directiva y objeto de la mayor parte de reservas por la llamada minoría de bloqueo (Francia, Alemania, Italia, Grecia, Luxemburgo y Austria).

La composición de la minoría de bloqueo ha ido modificándose a lo largo del tiempo, aunque se mantiene en ella a sus principales impulsores. Estos países son los que están recibiendo la mayor presión para que se abandonen las posiciones restrictivas. El principal actor es en estos momentos Estados Unidos, que ha emprendido una auténtica batalla para conseguir la inmediata derogación de la moratoria europea. A ella contribuyen la mayor parte de las empresas dedicadas a la producción de semillas transgénicas, así como destacados científicos que abogan por la autorización de nuevas variedades siempre y cuando se respeten las reglas del juego.

Una parte nada despreciable de la comunidad científica entiende que la directiva vigente es suficientemente clara en lo que refiere a mecanismos de control y que la biotecnología aplicada a plantas de uso comercial representa una alternativa tanto para la mejora de las producciones en el mundo desarrollado como a nuevas oportunidades para los países en desarrollo. Por su parte, organizaciones ecologistas como Greenpeace o Amigos de la Tierra, sostienen que las normas son demasiado laxas y que no existen todavía suficientes evidencias que demuestren que no hay riesgo para la salud humana o para el medio ambiente.

Entre otros aspectos, la directiva restringe el uso de organismos que se han modificado genéticamente y que presenten genes con resistencia a antibióticos; exige una autorización para su comercialización de cada producto previo estudio individualizado; obliga al seguimiento igualmente individualizado de cada uno de los OGM; establece claramente los plazos de autorización (10 años de comercialización con opción a una prórroga de 10 años adicionales); obliga al mantenimiento de registros públicos sobre los datos de los solicitantes de autorizaciones; y establece protocolos de bioseguridad y consultas a comités científicos y de ética, además del principio de precaución.

DEL CULTIVO EXPERIMENTAL AL CULTIVO COMERCIAL

De acuerdo con datos elaborados por el Servicio Internacional sobre la Incorporación de la Biotecnología en la Agricultura (ISAAA, en sus siglas inglesas), la superficie cultivada con vegetales transgénicos supera los 44 millones de hectáreas en todo el mundo, superficie equivalente a dos veces el Reino Unido. La superficie cultivada destinada a su comercialización se reparte, sin embargo, entre tan sólo 13 países. Cuatro de ellos (Estados Unidos, Argentina, Canadá y China), acaparan el 99% del crecimiento experimentado en los últimos años. El 1% restante se reparte mayoritariamente entre Australia, Sudáfrica, Rumania, Bulgaria, Ucrania y México. España, Alemania y Francia, reza el informe, cultivaron sobre todo maíz transgénico en 2000, aunque en cantidades ligeramente inferiores a las de 1999. Uruguay, con apenas 3.000 hectáreas cultivadas, se ha incorporado recientemente a la lista. En los cinco países desarrollados de esta lista, el crecimiento entre 1996 y 2000 fue del 85%. En conjunto, en ese período se ha pasado de apenas 1,7 millones de hectáreas cultivadas a los 44,2 actuales.

Previa a la autorización de especies comerciales, existe un amplio consenso para desarrollar ensayos de campo cuya función, de acuerdo con la norma europea, es verificar dos aspectos considerados fundamentales. Por una parte, el potencial económico que podría representar el cultivo de especies a las que se ha alterado si código genético con el objetivo de ofrecer mayor resistencia a insectos, herbicidas u otros productos de uso común en el campo, o bien adaptarse mejor a condiciones ambientales hostiles. De la otra, evaluar los riesgos ambientales y sobre la salud que pudieran derivarse de dichas modificaciones.

En España constaban en 2001, último año para el que se dispone de cifras, 181 ensayos de campo autorizados que ocupan apenas 56 hectáreas cultivadas y representan algo más del 10% de los 1.649 ensayos que se llevan a cabo en la Unión Europea. Por países, Francia, con 493 pruebas de campo, es el que mayor inversión había efectuado hasta la fecha en este tipo de experimentos. Le siguen Italia, con 275, Reino Unido (205) y España. Por especies, es el maíz, con 62 ensayos, el que mayor interés despertaba en España. Le siguen la remolacha (22), algodón (16) y patata (10). Curiosamente, los ensayos con cítricos o con arroz son prácticamente testimoniales.

Mientras que en Europa los ensayos se realizan en áreas restringidas, especialmente desde la imposición de la moratoria para nuevos productos en 1998, en el resto del mundo la situación es radicalmente opuesta. En estados Unidos, país que ha apostado abiertamente por su uso generalizado y que está ejerciendo en estos momentos una enorme presión sobre los países europeos, ha incrementado su superficie cultivada con fines comerciales hasta superar los 30 millones de hectáreas. Argentina cuenta con 10 millones de hectáreas, mientras que Canadá alcanza los 3 millones. China, país que acaba de incorporarse a esta particular carrera, se acerca ya al millón de hectáreas. En España, la superficie cultivada se sitúa entre 20.000 y 25.000 hectáreas, todas ellas de maíz Bt, y concentradas mayoritariamente en el entorno del Valle del Ebro. Representa alrededor de un 5% del total de maíz cultivado y apenas un 25% de lo que, en opinión de las empresas del sector, podría alcanzar en el futuro.




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