La ONU planteará en mayo una norma de etiquetado de alimentos transgénicos

Los ciudadanos "tienen derecho a saber lo que están comiendo", recuerda la organización Consumers Internacional
Por EROSKI Consumer 1 de abril de 2005

La organización no lucrativa Consumers Internacional (CI) ha informado que el Comité del Codex Alimentarius, o Código Alimentario sobre Etiquetado de Alimentos de Naciones Unidas (CCFL), abordará en su próxima reunión el próximo mes de mayo en Malasia la propuesta de una norma para etiquetar los alimentos genéticamente modificados (OGM).

La reunión, que tendrá lugar entre los días 9 y 13 de mayo en Malasia, servirá para decidir si se adopta esta norma que garantizaría que un país que exige este etiquetado para aprobar la entrada de productos alimenticios esté protegido ante posibles denuncias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de países que sí acepten transgénicos.

Consumers Internacional ha hecho un llamamiento a todos los países para que soliciten a sus gobiernos que asistan a esta reunión del Codex y apoyen la adopción de esta norma internacional sobre etiquetado de alimentos trasgénicos que, además, permitirá a los consumidores ejercer «el derecho básico a saber qué están comiendo».

Etiquetado en España

Los consumidores, a juicio de CI, deben exigir el etiquetado porque los alimentos transgénicos «son diferentes» como consecuencia del uso de la ingeniería genética, que introduce nuevos riesgos: podría, por ejemplo, introducir una sustancia alergénica no reconocida previamente en un alimento.

Alrededor de un tercio de los consumidores del mundo vive en países en los cuales es obligatorio el etiquetado de al menos algunos productos alimentarios. Entre estos países se encuentran la propia España, China, Japón, Tailandia, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador, Chile, Portugal, Italia o Grecia.

Todos ellos se beneficiarían con la adopción de la norma del CCFL, ya que si el Codex adopta la norma sobre etiquetado de transgénicos, éste no podría ser cuestionado ante la OMC, de acuerdo al reglamento de esta última entidad.

Incluso si en un país actualmente no se exige el etiquetado de los productos transgénicos, todos los gobiernos deberían apoyar estas normas del CCFL, ya que establecen el derecho de etiquetar bajo el reglamento de la OMC. Al adoptar estas directrices los países no están obligados a hacer nada. Sin embargo, les daría el derecho a decidir en el futuro si quieren o no etiquetar los productos que contienen transgénicos.

Oposición

Varios países se oponen a la adopción de la norma sobre etiquetado de transgénicos del CCFL, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Argentina, todos grandes productores de cultivos transgénicos. Sin embargo, según CI, incluso los países en que se cultivan OGM «deberían apoyar esta norma ya que los consumidores tienen el derecho básico de saber qué están comiendo».

Así, Consumers Internacional hace un llamamiento a los ciudadanos para que no sólo exijan a sus gobiernos que acudan a la reunión de Malasia, sino que apoyen una cláusula que autorice el etiquetado por razones religiosas, éticas o culturales. En algunos países, puede ser importante para los vegetarianos conocer la presencia de genes animales en los alimentos transgénicos, o para los musulmanes, saber si existe material genético de origen porcino.

«Exija a su Gobierno que se oponga a que en esta norma se incluyan niveles permitidos de contaminación», recalca CI. Las administraciones de cada país difieren en sus políticas con respecto a umbrales, así permiten en algunos casos niveles de transgénicos de hasta un 5% antes de exigir etiquetado.

Las pruebas que se realizan actualmente pueden detectar de manera fiable la presencia de transgénicos en los alimentos hasta un nivel de aproximadamente 0,1%. Consumers International sostiene que se debe utilizar el etiquetado «ante cualquier presencia de OGM».

Aunque Codex comenzó a considerar este problema en 1991, en los últimos tres años «no ha habido adelantos». «El debate ha durado demasiado», declara CI. El CCFL «debe resolver los problemas que permanecen sin solución y acordar un texto», añade. Si algunos países, como Estados Unidos y Argentina, insisten en oponerse a cualquier iniciativa, el problema «debería ser sometido a voto».

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