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¿Qué significa el término "bio"?

España se enfrenta a Europa por el uso del término "bio"

  • Última actualización: 11 de mayo de 2006

Las posturas: A favor de la norma europea

Asociación de Usuarios de Comunicación

La AUC, como asociación que vela por una ética en los medios de comunicación, considera que el mantenimiento del prefijo "bio" en determinados productos "contraviene la normativa europea" y por tanto los consumidores se encuentra desprotegidos, ya que su uso indiscriminado provoca confusiones y errores en la percepción de un producto. Esta es la motivación de la asociación para presentar la denuncia contra el Gobierno español frente a las autoridades europeas y ante los propios tribunales españoles. Según Alejandro Perales, presidente de AUC, "iniciamos las acciones basándonos en la falta de información que supone para el consumidor el uso del término "bio" en los diversos países de Europa. Así consideramos que se da una información insuficiente y exigimos que se determine en cada producto los ingredientes que lo componen y su forma de producción para que el consumidor tenga claro si se trata de un producto ecológico o convencional". Esta asociación ha visto de buen grado, por tanto, que la Comisión Europea indicara a España su obligación de acatar la norma europea y modificar el reglamento español.

Consejo de Agricultura Ecológica de Andalucía (CAEA)

El Consejo de Agricultura Ecológica de Andalucía (CAEA) se ha opuesto desde el principio a la aprobación del Real Decreto del gobierno. Tanto este consejo como el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y el Comité de Agricultura de la Comunidad Valenciana opinaron en contra del Real Decreto en las reuniones previas a su elaboración. Pero fue el Comité de Agricultura Ecológica de Andalucía el que denunció ante la Comisión Europea al Gobierno español por incumplimiento de una norma europea y fruto de esta denuncia, que se presentó en mayo de 2001, la Comisión Europea ha percibido indicios de incumplimiento y ha invitado al Gobierno español a eliminar el reglamento.

Como el Gobierno ha mantenido su postura, la Comisión Europea ha enviado a las autoridades españolas un "dictamen motivado", es decir, un conjunto de argumentaciones jurídicas para exigir la retirada o modificación del reglamento. El plazo que la Comisión ha establecido para que los cambios sugeridos se lleven a cabo es de dos meses. Según Manuel Castañón, si el Gobierno español persiste en su postura, la Comisión Europea se verá en la obligación de "iniciar un procedimiento de infracciones, que conlleva una multa y que, al final, pagan los ciudadanos a través de sus impuestos.".

Además de este procedimiento ante Europa, el CAEA inició de forma paralela un recurso contencioso-administrativo ante la Sala III del Tribunal Supremo (del mismo modo que la Asociación de Usuarios de la Comunicación) contra el propio Estado español por incumplir una norma europea, ya que ambos procedimientos son compatibles. Según Castañón "el Tribunal se lo ha tomado en serio porque, según sabemos, ha solicitado a la Comisión Europea toda la argumentación jurídica que se defiende desde Europa contra el Estado español".

Para el abogado de esta entidad ninguno de los procedimientos va en contra de las marcas que utilizan estos términos. De hecho, según nos ha confirmado, la norma europea contempla una moratoria hasta 2006 para que las marcas afectadas puedan adaptar sus productos a la nueva legislación. Los responsables de los órganos de control de la producción ecológica hacen responsable al gobierno de provocar la confusión entre los términos y no velar por la información que debe recibir el consumidor. "Sólo con que haya un consumidor que considere que la palabra "bio" está relacionado con la producción biológica, como de hecho es, está en su derecho para exigir que se aplique en España la norma europea y no el decreto español", según Manuel Castañón.

Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE)

Todo el conjunto de consejos ecológicos de las comunidades autónomas, junto a representantes del Ministerio de Agricultura constituyen el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE). Este organismo, a través de su presidente, José Manuel Rabanal, confía en que "tras los procedimientos abiertos desde Europa, al final "bio" quede protegido para la agricultura ecológica, porque no sólo se trata de un problema semántico, sino que puede crear disfunciones en el mercado europeo y confusiones entre los consumidores". Parte de la preocupación del presidente del CRAE se centra en que "la mayor parte de la producción ecológica se destina a exportación, principalmente a Alemania, y es en este mercado y en Portugal o Francia donde la palabra "bio" o "biológico" se utiliza para referirse a productos obtenidos por el método de agricultura ecológica". El CRAE y el conjunto de organismos de control de la producción ecológica consideran que la norma española se opone a la directiva europea y, por tanto, debe anularse. Estos organismos confían en que, tanto el término "bio" como "Eco", se reserven para productos de elaboración ecológica y previamente testados y controlados.

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