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Podría superar los 20.000 millones de pesetas anuales y afectaría a más de 20 millones de usuarios
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella, presentada por un particular, en la que se denuncia una presunta estafa en el alquiler de los contadores eléctricos que podría superar los 20.000 millones de pesetas anuales y afectaría a más de 20 millones de usuarios. En el auto, fechado el 21 de mayo del 2001, la sección cuarta de la Sala de lo Penal estima el recurso de apelación presentado por el demandante, Antonio Moreno Alfaro, y revoca la resolución adoptada el 24 de noviembre del 2000 por el juzgado de instrucción número 4, que había rechazado querella.
La denuncia, formulada por los presuntos delitos de estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas, va dirigida contra el vicepresidente de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero; el director de la Agrupación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos, Gustavo Eisenberg; el consejero delegado de la empresa Siemens Metering, Félix Rivas, y el ex directivo de Siemens, Fernando Álvarez.
El querellante, que trabajó para el fabricante de contadores Landis and Gyr Española, asegura que las compañías eléctricas cobran de más a sus abonados por el alquiler de los contadores. Un hecho que, según sus datos, afectó a 20,3 millones de clientes y supuso unos ingresos indebidos de más de 20.000 millones.
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