Los discapacitados podrán acogerse a una jubilación anticipada específica

• Fecha de publicación: 23 de abril de 2002

  El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso aceptará que las personas discapacitadas puedan acogerse a la jubilación anticipada antes que el resto de trabajadores, en atención a las especiales condiciones de este colectivo, que tiene una vida laboral más castigada.

El portavoz del PP en materia de pensiones, el vallisoletano Tomás Burgos, confirmó que "la intención de su Grupo Parlamentario de aceptar diversas enmiendas presentadas por CiU al proyecto de ley de jubilación gradual y flexible, dirigidas a mejorar la situación de este colectivo". El grupo catalán había presentado varias enmiendas al proyecto de ley, entre las que se incluía la de extender el adelanto de la jubilación anticipada a los discapacitados, un derecho que ya tienen otros colectivos como los mineros, los trabajadores del sector pesquero o el personal de vuelo de las líneas aéreas. Además, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene una "posición favorable" a la aceptación de estas enmiendas.

Sin fijar edad

El Gobierno aprobó a finales del año pasado el decreto que establecía el sistema de jubilación gradual y flexible, convalidado posteriormente como proyecto de ley para que fuera posible su tramitación parlamentaria, con el fin de aceptar y negociar propuestas de otros partidos políticos. Se estableció entonces que los trabajadores mayores de 61 años, con seis meses de permanencia en el Inem como demandantes de empleo y treinta años cotizados a la Seguridad Social podían jubilarse anticipadamente.

CiU pide en su enmienda que los discapacitados no tengan que esperar a los 61 años para acogerse a estas jubilaciones anticipadas, aunque aún queda por ver en qué edad se fija la posibilidad de jubilarse para este colectivo. Otras peticiones, que previsiblemente serán aceptadas, pasan porque la existencia de lesiones o secuelas físicas anteriores a la contratación de un discapacitado no impidan que se le otorgue posteriormente, si se dan las circunstancias necesarias, la incapacidad permanente.

La propuesta trata de evitar la actitud de las entidades gestoras de la Seguridad Social que, cuando un trabajador minusválido solicita una pensión contributiva por incapacidad permanente, no quieren otorgársela alegando que existían lesiones previas a que el trabajador empezara su periodo de cotización al sistema público.

En otras propuestas llegadas a la mesa de debate se pide que se compatibilice el cobro de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva con la realización de un trabajo remunerado. Actualmente, los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y que acceden a un empleo ven reducida su pensión en proporción similar al salario que empiezan a cobrar. El objetivo es que se reduzca su pensión en la mitad de lo que percibirá como salario, de tal forma que al trabajador le salga rentable también económicamente.