Los alumnos de Opening no serán incluidos en la "lista de morosos", según el Banco de España

• Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2002

Los alumnos de las academias de inglés Opening no serán incluidos en la Central de Información de Riesgos, también conocida como "lista de morosos", según se desprende de la respuesta enviada por el subgobernador del Banco de España, Gonzalo Gil, al consejero de Hacienda riojano, Juan José Muñoz.

En un comunicado, el Gobierno de La Rioja, informa de que "es extremadamente improbable que los créditos de los estudiantes hayan sido declarados" en esa Central de Información de Riesgos porque, según la norma 4.1 de la Confederación de la Banca Española, se considera "no declarables los riesgos menores a 6.000 euros".

La comunicación responde a una carta remitida por Muñoz en la que solicitaba al Banco de España que realizase las gestiones oportunas para obtener de las entidades bancarias acreedoras la mejor disposición en la resolución de los casos de los afectados, especialmente en lo que se refiere a evitar su inclusión en los registros de morosos en caso de impago.

La gestión realizada desde la Consejería de Hacienda de La rioja ante el Banco de España se enmarca en el conjunto de iniciativas que se están llevando a cabo desde el Servicio de Consumo con el objeto de asistir a los afectados por la suspensión de pagos de Opening.

En la misma línea, y dentro de los trabajos que se están realizando para coordinar una nueva normativa sobre el derecho a la información y los derechos económicos de los usuarios de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales, el Gobierno de La Rioja ha solicitado a través de la Comisión de Cooperación de Consumo que se modifique la normativa estatal sobre Crédito al Consumo.

El Ejecutivo riojano estima necesario que el marco jurídico en esta materia regule con claridad la relación existente entre la vinculación de un crédito y la prestación real del servicio que da origen al mismo, como punto de partida para asegurar la protección de los legítimos intereses económicos de los usuarios, su correcta información y el disfrute del servicio contratado.