La UE aprueba una norma para liberalizar el mercado de los cartuchos de tinta y favorecer su reciclaje

Los fabricantes de impresoras no podrán obligar a utilizar exclusivamente sus productos

Última actualización: 22 de diciembre de 2002

La Unión Europea (UE) ha aprobado una normativa que pretende liberalizar el mercado de los cartuchos de tinta de impresora y favorecer el reciclaje de los mismos. Así, en virtud de esta nueva norma los fabricantes de impresoras no podrán obligar a los consumidores a utilizar exclusivamente sus cartuchos, señaló Robert Goodwill, parlamentario europeo que ha impulsado esta enmienda incluida a última hora en la normativa que regula el reciclaje de los bienes electrónicos. No obstante, no será hasta 2006 cuando esta ley entre en vigor.

Según Goodwill, la mayor parte de las impresoras a color cuestan unos cien euros, pero el reemplazo de los cartuchos supone un desembolso de hasta 40 euros. Aunque los fabricantes han impulsado las ofertas de recambio de cartuchos más económicos, Goodwill asegura que estas mismas marcas han limitado el uso de esos recambios instalando chips en los cartuchos originales. "Cuando se cambian los cartuchos, la impresora emite un mensaje de error, por lo que muchos usuarios se ven forzados a comprar los recambios más caros de los fabricantes", afirma el europarlamentario.

Además del coste que estas prácticas suponen para los consumidores, la Eurocámara también ha valorado el daño que se hace al medioambiente, dado que limita el reciclaje.

Según datos de la consultora CAP, el fabricante HP domina el mercado de impresión en Europa Occidental (que mueve 11.000 millones de dólares al año) con un 44% de participación. Mientras, Epson acumula un 25%, Canon un 18% y Lexmark un 10%. Por su parte, los suministradores de cartuchos "independientes" poseen una cuarta parte del mercado.

Precisamente fue la queja de estas compañías la que despertó el interés por parte de las autoridades de la UE. Así, en mayo, el Comisario de la Competencia, Mario Monti, declaró que los reguladores de la Unión estaban estudiando la posibilidad de determinar que algunos fabricantes de impresoras estaban incurriendo en actos que iban en contra de la libre competencia.