Tres mil academias privadas ofrecerán un seguro a los alumnos para casos de cierre

La crisis de las academias de idiomas, cuya última víctima ha sido Cambridge, que ayer cerró sus puertas, está llevando al sector a adoptar medidas. Así, la Confederación Española de Centros y Academias Privadas (Cecap) acaba de aprobar la implantación de un código deontológico para garantizar la transparencia de la enseñanza que ofrecen sus más de 3.000 centros de toda España.

El acuerdo, firmado con el Ministerio de Sanidad y Consumo, que cuenta con el respaldo de todas las asociaciones de consumidores españolas, se convierte en un "elemento clave en la protección de los derechos de los alumnos". Con la aprobación de este código, "pretendemos reforzar el mercado y contribuir a una confianza que nunca debió perderse", señala María Dolores Flores, directora general de Consumo, para quien los problemas como los ocurridos con Opening no son más que "actuaciones desaprensivas de algunos que acaban afectando a todo el sector".

La Cecap se compromete a que sus centros faciliten por escrito, de forma clara y precisa, el precio total del curso y de las cuotas. En esta información se detallará la forma de pago y las consecuencias de la resolución de los contratos. En el caso de que el centro opte por una fórmula de financiación, lo tendrá que indicar "expresamente y de forma clara" aportando los datos completos del financiador como condiciones y tipo de interés anual. Además, y en ningún caso, el centro podrá imponer la financiación con una entidad determinada, ni ceder ni subrogar el crédito a terceros sin el consentimiento expreso del alumno.

En el caso de que el centro deje de prestar el servicio de enseñanza contratado, o el contrato se resuelva por cualquier causa no imputable al alumno, el centro "deberá establecer los mecanismos para asegurar la devolución del importe abonado por el alumno correspondiente al periodo computado a partir de la fecha en que el contrato se resuelva".

Entre estos mecanismos, la directora de Consumo destaca que se encuentra la creación de un seguro que cubra el pago de los créditos suscritos por los alumnos en el caso de que se suspendan las clases. Una medida que beneficiará a los más de 600.000 alumnos que se encuentran matriculados en las academias de esta Confederación y que evitará que se produzcan casos como los de Opening o Wall Street, en donde los alumnos tienen que terminar de pagar el crédito suscrito con el banco a pesar de no recibir las clases por motivos imputables a la academia.

Además, se pone en marcha la creación en los centros de un servicio de información para los alumnos que les facilitará las características de los cursos y que será, además, el encargado de solventar cualquier tipo de incidencia y dar respuesta a las reclamaciones de los alumnos en un plazo máximo de 15 días. Si las quejas no se resuelven de manera satisfactoria, los alumnos podrán solicitar el amparo del Sistema Arbitral de Consumo.

En este sentido, Flores afirma que España trabaja para modificar la directiva sobre créditos vinculados con el fin de aclarar su dependencia con la prestación de los servicios. También avanza que su Departamento tiene ya preparados otros códigos para el sector de las academias de idiomas y para la enseñanza a distancia.

Para asegurar el cumplimiento de estas reglas se crea una Comisión Nacional -compuesta por dos representantes de la Cecap y dos del Consejo de Consumidores y Usuarios- que velará por el cumplimiento de lo acordado. Además, coordinará la actividad de las Comisiones territoriales. En este sentido, la directora de Consumo explica que su Departamento ha aprobado un proyecto de texto que se está consensuando con las distintas comunidades para que puedan legislar de acuerdo a unas bases comunes. En él se establecen normas para garantizar que la información y la publicidad de las academias no sean engañosas, aunque no se obliga a los centros a suscribir un seguro que cubra el pago de los créditos suscritos por los alumnos.

La Comisión establece tres tipos de faltas en las que pueden incurrir las academias -leves, graves o muy graves- y que recibirán distintas sanciones que pueden llegar a la expulsión del centro de la Confederación, la acción de medidas legales y el traslado del expediente al Instituto Nacional de Consumo (INC) para su divulgación por los medios que se consideren oportunos.

Los principios acordados ponen especial cuidado en la transparencia de los servicios que se ofrecen y en la veracidad de la publicidad e información detallada de las condiciones de contratación. Además, los acuerdos que tendrán que firmar los alumnos estarán consensuados por las organizaciones de consumidores. Serán contratos por escrito, acordes a la normativa vigente y, en especial, con la de defensa de los consumidores y usuarios, sin cláusulas abusivas y redactados en lenguaje correcto, claro y sencillo.

El presidente de la Cecap, Heliodoro Jiménez, defiende al sector tradicional de academias españolas y considera que sucesos como el de Opening "han servido para poner a cada uno en su sitio", ya que, a su juicio, esas empresas se han preocupado por ser un negocio de inversión en lugar de ofrecer una educación de calidad. Para Jiménez, el código aprobado se traducirá en claras ventajas para los alumnos, garantizando a los usuarios que se tomarán las medidas necesarias para estudiar sus reclamaciones.