Las mujeres víctimas de malos tratos tendrán derecho a recibir una prestación económica de 300 euros mensuales a lo largo de diez meses si sus recursos económicos son claramente insuficientes. Esta es una de las propuestas planteadas por los partidos representados en la subcomisión parlamentaria que estudia la violencia doméstica.
Para ser beneficiaria de esta asignación, la mujer deberá acreditar que sus ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional. Con ello se pretende que la persona que sufra agresiones por parte de su pareja goce de un sustento mínimo con carácter inmediato una vez que se denuncia la agresión.
La dotación de una ayuda económica a las mujeres damnificadas por la violencia doméstica era objeto de discrepancia entre los partidos presentes en la subcomisión parlamentaria que estudia soluciones a la violencia de género, cuyas conclusiones fueron presentadas ayer.
Salvado este obstáculo, la subcomisión del Congreso ha acordado por consenso que las mujeres maltratadas accedan a una paga mensual. Se trata de la medida más significativa recomendada por el órgano de la Cámara baja para atajar y prevenir los casos de malos tratos.
«Orden de protección»
La percepción de la asignación económica queda vinculada a una «orden de protección», fórmula que ha sido elaborada por los miembros de la subcomisión y técnicos del Ministerio de Justicia. Gracias a esta solución, cuando la propia víctima u otra persona denuncie la agresión, podrá solicitar en la misma orden acceder a una renta activa de inserción. Esta ayuda ya es percibida por mujeres maltratadas, pero tras un largo tiempo de espera. Con lo ahora adoptado se pretende agilizar los trámites y suprimir el periodo de espera, que era de tres meses.
La cuantía de la ayuda no dependerá sólo de los ingresos de la mujer, sino también del número de hijos a su cargo. Los legisladores prevén la posibilidad de que la paga se pueda incrementar dependiendo de las necesidades de la damnificada. La ayuda se abonará durante diez meses, a fin de que la víctima tenga tiempo suficiente para encontrar trabajo.
El informe de la subcomisión habrá de ser refrendado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y luego aprobado por el pleno del Congreso en forma de proposición no de ley. Los diputados tratan ahora de perfilar técnicamente esta orden, por la cual se activan los mecanismos de protección civil y penal de la víctima. Para ello se requiere el trabajo conjunto del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General.
Si los trabajo marchan a buen ritmo la proposición no de ley puede obtener el visto bueno del Parlamento en breve, con el fin de que entre en vigor el 28 de abril.
