Madrid aprueba hoy la primera ordenanza de protección al consumidor de España

• Fecha de publicación: 27 de marzo de 2003

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar hoy, de forma inicial, la ordenanza de protección de los consumidores, la primera dirigida exclusivamente a proteger al consumidor y un texto legal sin precedentes en España. En ella se recogen diversas formas de protección y también sistemas de autoevaluación en la inspección, y la inclusión de un Servicio de Emergencias Alimentarias Municipal (SEAM) encargado de coordinar cualquier situación puntual de riesgo.

La ordenanza, preparada por el área de Salud y Consumo, recoge hasta diez proyectos municipales relacionados con la protección al consumidor. Los niños, los mayores, las mujeres gestantes, los discapacitados, los inmigrantes y los sectores sociales más débiles son objeto de una especial atención en la misma.

Todos estos grupos son considerados merecedores de atención especial por parte de la nueva norma porque se encuentran en "situación de inferioridad, desprotección, o discapacidad por razón de su edad, origen o condición". Por ello, serán objeto de atención prioritaria para el Ayuntamiento de Madrid en las actuaciones que realice en materia de consumo. Por ejemplo: se vigilarán especialmente a las empresas de restauración que elaboren menús destinados a estos colectivos.

La inspección sale reforzada al incorporársele las nuevas tecnologías y los sistemas de autoevaluación. A través de Internet, los empresarios y comerciantes podrán realizarla, algo que supone pasar de los 4.000 controles de establecimientos comerciales al año a elevar la cifra hasta 150.000. Estas autoevaluaciones se realizarán como complemento a las inspecciones, sin perjuicio de que éstas se lleven a cabo.

La ordenanza promueve además los sistemas de alertas internas ante cualquier brote de intoxicación, e incluye el SEAM, que queda enmarcado en el Plan Municipal de Emergencias Sanitarias y supone la actuación permanente, 24 horas al día y siete días a la semana, de la inspección veterinaria. A este servicio se añade el Dispositivo de Emergencias Alimentarias de Reacción Rápida (DEARR), que complementará a las actuaciones que se lleven a cabo en situaciones de emergencia sanitarias.

En lo que se refiere al consumo no alimentario, se promueven también controles que incluyen códigos de buenas prácticas y sistemas de autocontrol. Además, se sientan las bases para acometer la necesaria descentralización de estos servicios. La idea es que aparte de la actual Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), cada junta de distrito cuente con su correspondiente oficina, además de con su junta arbitral de consumo para los casos de litigio entre partes.

En cuanto a las sanciones, se elevan, quedando entre los 3.000 euros la infracción leve y los 15.000 la grave. Se consideran infracciones, entre otras cosas, "la realización de transacciones en las que se impongan injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos".