Anticorrupción acusa a entidades financieras de ayudar a sus clientes a defraudar a Hacienda

• Fecha de publicación: 28 de abril de 2003

  La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que numerosas entidades de crédito, a través de su actividad de banca privada, ayudan a sus clientes a defraudar a Hacienda a través de productos fiduciarios y ha denunciado que en ocasiones llegan a "obstruir la acción de la Justicia".

Así consta en la Memoria del 2002 de ese organismo, en la que se afirma que las entidades utilizan en la actualidad como "instrumento de evasión fiscal" los denominados productos fiduciarios "offshore" , en los que aparecen "una combinación de testaferros y paraísos fiscales" para ocultar la identidad real del titular de los fondos.

A estos depósitos pueden ir a parar, según la Fiscalía, "capitales formados con rentas que han escapado al control fiscal, susceptibles, por la ocultación de su origen, de haber sido generadas en actividades delictivas".

Las entidades ofrecen estos productos dentro de su actividad de banca privada, caracterizada por la atención personalizada y con criterios de confidencialidad, y "cuyas líneas de actuación se discuten, supervisan e impulsan en los consejos de administración", según la Fiscalía.

Los productos fiduciarios "offshore" son cuentas que las filiales en paraísos fiscales de las entidades de crédito españolas tienen abiertas a su nombre en la matriz, en España, y en las que se deposita el dinero de inversores españoles pero sin dar su titularidad alegando que son clientes de las filiales.

Graves acusaciones

Para la Fiscalía, es "inaceptable" que una entidad se niegue a facilitar la identidad de aquellos clientes que residen, han sido captados y han adquirido productos con recursos situados en España, y que, además, el propio banco "facilite" los testaferros.

Las acusaciones del Ministerio Fiscal van más allá al asegurar que las entidades no han informado debidamente a la Agencia Tributaria de la identidad de las personas autorizadas para disponer de estas cuentas, pese a que la Ley lo exige desde 1998.

Ante esta situación, el organismo dirigido por Carlos Jiménez Villarejo pide al Gobierno que promueva la coordinación de los organismos competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y también con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se trata, añade, de "criminalizar" la conducta de las entidades financieras cuando desarrollen estrategias comerciales que buscan captar recursos generados "al margen del control fiscal".