El Gobierno quiere dificultar la entrada de ilegales a través de los aeropuertos

Interior solicita colaboración de las aerolíneas, que podrán ser sancionadas con hasta 500.000 euros

Fecha de publicación: 25 de mayo de 2003

Cinco días han bastado al Ministerio del Interior para cerrar la nueva Ley de Extranjería, después de que el pasado lunes José María Aznar anunciará por sorpresa que, una vez más, se iba a modificar la normativa sobre inmigración.

El anteproyecto de la que será la cuarta reforma de la Ley de Extranjería desde la llegada al poder del PP comenzó el viernes su andadura con el propósito inmediato de tratar de blindar a finales de año las fronteras aéreas a las decenas de miles de extracomunitarios que cada año entran de manera legal en territorio nacional a través de los aeropuertos (con visado de turista de tres meses) y que luego nunca regresan.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, fue el encargado de comparecer en el Palacio de la Moncloa para dejar claras las cuatro líneas de esta reforma: evitar el "fraude" de las entradas de falsos turistas; "simplificar y mejorar" los trámites burocráticos para los extracomunitarios legales; endurecer la lucha contra los que promueven la inmigración clandestina, y dar cobertura legislativa para garantizar las expulsiones de los indocumentados detenidos.

Lejos de las críticas ante la supuesta incertidumbre jurídica que provoca la continua revisión de la Ley de Extranjería, el titular de Interior justificó estos cambios de "sentido común" y "absolutamente necesarios", que "facilitarán la integración de inmigrantes legales, ayudarán a la lucha contra la inmigración clandestina" y "ordenarán" los flujos migratorios en "beneficio" de los propios extranjeros.

Acebes defendió con firmeza la reclamación de mayor control en las aerolíneas. El ministro fue tajante, al definir "los accesos con apariencia de legalidad" como el "problema más acuciante y complejo" al que se enfrentan las autoridades inmigratorias españolas. Ángel Acebes aprovechó para pedir a las compañías aéreas "colaboración" en esta batalla contra la inmigración ilegal que -dijo- es un objetivo de "interés general para España".

El texto que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para su remisión al Consejo de Estado establece nuevas obligaciones y sanciones para los transportistas de tierra, mar y aire, aunque fundamentalmente está dirigido a las aerolíneas, ya que los vuelos son el principal punto de entrada de indocumentados en España.

Tres son las nuevas obligaciones a los transportistas que recoge el reformado artículo 66 de la Ley Orgánica 8/2.000: las navieras y aerolíneas tendrán obligación, antes de iniciar el viaje, de "proporcionar a la autoridad española competente" un listado completo de los pasajeros que transportan a territorio nacional.

Las compañías de transporte deberán además desvelar el número de supuestos turistas con billete de ida y vuelta que no regresan y se convierten en "sin papeles"; y estas empresas deberán pagar a partir de ahora el coste de repatriar a los inmigrantes rechazados en tránsito.

El endurecimiento del trato a los transportistas que trasladen sin papeles pasa asimismo por las multas multimillonarias que recibieron luz verde en el Consejo de Ministros. Negarse a colaborar con el Ministerio del Interior para localizar los denominados "vuelos calientes" de la inmigración clandestina pasa a ser una falta muy grave penada con hasta 60.000 euros, según la nueva redacción de los artículos 54 y 55. Este último articulo, además, introduce la posibilidad de que la Administración penalice a las aerolíneas, navieras y con entre 3.000 y 6.000 euros por clandestino que traigan a España o una fuerte multa de 500.000 euros por pasaje ("a tanto alzado"), "con independencia del número de viajeros transportados".

Pese a la amenaza de las sanciones económicas y las nuevas obligaciones a las compañías de transporte, el ministro del Interior trató de mostrarse conciliador con las aerolíneas, y explicó que las exigencias de información no supondrán "coste adicional" alguno a estas empresas y sólo un poco más de trabajo a cambio de ventajas muy importantes para la Policía.