La Comisión Europea advirtió el viernes a España que recibirá una sanción «muy dura» por el fraude del lino al haberse «comprobado» varios casos de «engaño organizado». Aunque la cantidad definitiva podría no conocerse hasta final de año, por el momento Bruselas ha reclamado 138 millones de euros correspondientes a las subvenciones de la UE que percibieron los agricultores españoles en las campañas de entre 1996 y 2000 por realizar ese tipo de cultivo. La oposición recordó a la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio -actual comisaria europea de Transportes- su promesa de dimitir si alguno de sus antiguos altos cargos era imputado en el caso. Nicolás López de Coca, ex director del Fondo Español de Garantía Agraria, figura entre los 25 inculpados por el juez Baltasar Garzón.
Gregor Kreuzhuber -portavoz del comisario de Agricultura, el austriaco Franz Fischler- fue el encargado de difundir la mala noticia, esperada desde la representación española. El funcionario explicó que tanto la auditoría interna realizada en España como la investigación realizada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han concluido que el engaño detectado «no es sólo de un caso aislado, sino que está más extendido», ya que afecta tanto a la administración de los fondos comunitarios como a su control.
Aunque desde Bruselas se quiso eludir cualquier referencia directa al auto de Garzón, sí se precisó que la vía judicial es independiente de la administrativa. Respecto a los detalles de la multa, el portavoz comunitario señaló que se descontará de las próximas ayudas agrícolas que deba recibir España.
El Gobierno no quiso valorar este asunto ni la resolución del magistrado, aunque las autoridades españolas llevan meses negociando con la Comisión una rebaja en la cantidad a descontar de las subvenciones. En cuanto al final de la instrucción en la Audiencia Nacional, el vicepresidente Mariano Rajoy recordó que ese auto «no supone ninguna sentencia», por lo que cree que «hay que esperar a ver qué dicen los tribunales» para no «menoscabar la presunción de inocencia» de López de Coca y de los demás encausados.
Ante la amenaza de la UE y una resolución judicial que implica a dos ex altos cargos de Agricultura -también está imputado el ex director financiero de la empresa pública Mercasa Gonzalo Ruiz Paz-, el PSOE recordó a Loyola de Palacio que en su día prometió dimitir si alguno de sus antiguos colaboradores era acusado. Los socialistas consideran que el auto de Garzón les da la razón y estudian solicitar la comparecencia en el Parlamento del ministro Miguel Arias Cañete.
