El Ejecutivo aplicará 168 medidas de ahorro energético durante el periodo 2004-2012

Este plan permitirá ahorrar, según sus cálculos, 2.862 millones de euros al año y reducir 190 millones de toneladas de CO2
Por EROSKI Consumer 5 de julio de 2003

El Gobierno ha hecho números sobre el consumo español de energía y ha llegado a la conclusión de que es necesario un plan de eficiencia para los próximos años, que permitiría un ahorro anual de 2.862 millones de euros.

Esa sería la consecuencia de aplicar 186 medidas de ahorro energético durante el periodo 2004-2012, que también propiciarían en ese tiempo una reducción de 190 millones de toneladas de CO2 emitidas al aire por España. La Administración central pretende implicar en esta tarea a comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas y consumidores particulares.

El impulsor de la llamada «Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética» es el secretario de Estado del ramo, José Folgado, quien calcula que el país reducirá un 8,6% su consumo en los próximos nueve años y dejará de usar 112.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep).

El más beneficiado por esas previsiones es el sector del transporte, que pasaría a utilizar la mitad de la energía que precisa hoy en día. En el caso de la industria, ese descenso sería del 22% frente al 16% que se obtendría en la edificación. No obstante, desde el Ministerio de Economía se reconoce que antes de hablar de mejorar la eficiencia energética es necesario «reconocer las carencias actuales».

Y es que, según el borrador elaborado por este departamento para explicar las medidas del plan citado, «mucha tecnología disponible no se utiliza en toda su capacidad para la mejora de la eficiencia, debido principalmente a una mala gestión y a la falta de formación técnica profesional».

Dicho informe recuerda la «elevada» dependencia exterior de España en esta materia (el 99% en petróleo y el 97% en gas), pues importa el 75% de la energía que utiliza frente al 50% de media de la Unión Europea (UE), cifra considerada ya elevada por las instituciones comunitarias.

Pero es que esa subordinación «va en aumento, con las implicaciones no sólo económicas y comerciales que ello supone, sino también con unos efectos medioambientales significativos al tratarse mayormente de productos fósiles con un elevado nivel de emisiones de efecto invernadero».

Esta situación, que se explica porque la demanda de energía en España se ha doblado desde 1975 por el crecimiento económico del país, ha llevado al Ejecutivo a apostar de forma decidida por la búsqueda de métodos para reducir el consumo, hasta el momento frustrada por la descoordinación entre las distintas administraciones.

Ahora se quiere acabar con ese problema al llevar el plan hasta el Parlamento para que sea discutido entre todos los grupos parlamentarios, de forma que se alcance un texto común que sea aplicado en todas las regiones, tanto en el sector público como en el privado.

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