El Congreso aprobó ayer de forma definitiva la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, por 162 votos a favor (PP, BNG, CC), 125 abstenciones y dos en contra. Según el Gobierno, diez millones de españoles, de los cuales tres millones y medio son discapacitados y el resto, sus familiares, se beneficiarán de esta ley. Con la entrada en vigor de esta norma, los poderes públicos deberán adoptar medidas contra la discriminación y compensar las dificultades que tienen las personas con discapacidad para participar plenamente en la vida social.
Los portavoces de la oposición dijeron que las enmiendas del Senado, apoyadas por el Pleno del Congreso, suponen una mejora sobre el texto original del Gobierno, pero mostraron su disconformidad sobre el alcance de las mismas entre las personas con discapacidad.
De la nueva ley se extrae que todos los entornos, productos o servicios deberán ser abiertos y accesibles para cualquier persona. Por ello, se han dispuesto una serie de plazos y calendarios de adaptación. En el plazo de dos años es preciso que se establezcan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir tanto las oficinas públicas como los bienes y servicios a disposición del público, los productos tecnológicos, los medios de comunicación social o los transportes, así como los espacios urbanizados y edificaciones.
Una vez decididas las condiciones, serán de obligado cumplimiento en todos estos sectores, atendiendo a distintos calendarios. Además, en un periodo máximo de dos años, el Gobierno deberá regular la lengua de signos y de esta forma garantizar el acceso a todo tipo de información por parte de los ciudadanos.
La nueva ley establece un doble sistema de tutela para las personas discapacitadas. El Gobierno debe regular las quejas y reclamaciones de este colectivo, que se resolverán a través de un sistema de arbitraje. Del mismo modo, podrán acudir a la tutela judicial, que adoptará medidas para prevenir y poner fin a la violación de sus derechos, así como restablecer al perjudicado con indemnizaciones o reparaciones, incluso por daños morales. La ley obligará asimismo a que se reserve un cupo no inferior al 5% para las personas discapacitadas en las vacantes de empleo público que ofrecen las diferentes administraciones.
Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad sustituye a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de 1982.
