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El Ministerio de Trabajo destinará 12.668 millones de euros al Plan de Acción para las Personas con Discapacidad

Incluye 250 medidas para establecer una política de atención integral a las personas con discapacidad y las familias cuidadoras

  • Fecha de publicación: 7 de enero de 2004

Evitar la discriminación y favorecer la igualdad de derechos de las personas con discapacidad son los objetivos del segundo Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007, aprobado recientemente por el Gobierno central.

Se trata de un plan que incluye 250 medidas para establecer una política de atención integral a las personas con discapacidad y a las familias cuidadoras. Para desarrollarlo, el Ministerio de Trabajo destinará 12.668 millones de euros.

Esta iniciativa es el resultado de un intenso proceso de diálogo y consenso entre el Ejecutivo y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), y recoge medidas en una doble dirección: por un lado, normas para evitar la discriminación y, por otro, medidas de acción positivas para favorecer la igualdad.

Las directrices básicas de este plan atienden a una serie de principios básicos de actuación. Entre ellos destaca que los poderes públicos deben garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de forma efectiva y en condiciones de igualdad de todos sus derechos, del mismo modo deben tener prioridad las políticas que fomentan la autosuficiencia económica y la participación de las personas con discapacidad en la vida de la comunidad. A esto hay que añadir que todos los entornos, productos y servicios deben ser accesibles a todas las personas.

El plan está fragmentado en cuatro grandes áreas que incluyen medidas como la creación de bonificaciones para facilitar la contratación de cuidadores, el establecimiento de una deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la suscripción de seguros para la atención de personas dependientes y la promoción de ayudas para obras de accesibilidad en el interior de las viviendas.

Además, prevé la constitución de una oficina especializada para promover la participación de las personas con discapacidad, la puesta en marcha de medidas para favorecer su acceso al mercado de trabajo, y la aprobación de un Catálogo de Prestaciones Básicas elaborado de acuerdo con las comunidades.




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