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Ha solicitado a las compañías que formulen sus alegaciones para intentar una aproximación de las partes
El Instituto Nacional del Consumo (INC) podría emprender una acción judicial si se desprenden prácticas abusivas de las denuncias que se tramitan de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA España) sobre las tarifas de telefonía y de la investigación emprendida por el Defensor del Pueblo. Así lo apuntó ayer en Las Palmas de Gran Canaria la directora de este organismo, Pilar Fabregat, donde prepara la próxima Conferencia Sectorial de Consumo y el VII Congreso de Arbitraje de Consumo.
Fabregat dijo que, por el momento, el Defensor del Pueblo no se ha dirigido ni al Ministerio de Sanidad y Consumo ni a la institución que dirige para abordar la cuestión, pero precisó que el INC tramita algunas denuncias de las presentadas por FACUA España, en relación con el redondeo de las llamadas telefónicas.
La directora del Instituto precisó que ha solicitado a las empresas que formulen sus alegaciones para, posteriormente, intentar una aproximación de las partes, con el fin de conocer si efectivamente puede haber una solución más favorable para el consumidor o se trata de una situación de cláusulas abusivas, como sucedió con las tarifas de los aparcamientos públicos.
En caso de detectarse alguna cláusula abusiva, Fabregat señaló que se sometería a la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, a la Conferencia Sectorial de Consumo de las comunidades y, si se llegase al convencimiento, se interpondría una acción judicial. No obstante, consideró que es más fácil llegar a una solución amigable que resuelva el problema, que esperar a un fallo judicial.
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