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Andalucía aprueba un decreto pionero que eleva a rango de derecho prestaciones sociales como la teleasistencia

Las personas mayores no podrán ser internadas en residencias en contra de su voluntad

  • Fecha de publicación: 4 de febrero de 2004

La Junta de Andalucía aprobó ayer un decreto pionero en España que da un paso más en la protección a las personas mayores al elevar a rango de derecho numerosas prestaciones sociales que ya se venían desarrollando desde hacía tiempo en esa comunidad, como el servicio de teleasistencia, la ayuda a domicilio y la asistencia jurídica gratuita. Pero las grandes novedades que introduce esta normativa se dirigen sobre todo a mejorar la atención a los mayores a la hora de acceder a una residencia, en el caso de ser víctimas de malos tratos y si su patrimonio corre el riesgo de ser expoliado por familiares o terceros.

Así, a partir de ahora ninguna persona mayor podrá ser internada en una residencia en contra de su voluntad, y los Servicios Sociales de la comunidad se encargarán de comprobar de forma directa la atención que reciben en los centros. A través de una entrevista directa con el interesado, en la que no estarán presentes ni familiares ni responsables de la residencia, evaluarán el trato que ofrecen los trabajadores y el grado de satisfacción con los servicios prestados.

En caso de que la persona mayor sufra malos tratos o desasistencia, las delegaciones provinciales de Asuntos Sociales y las entidades locales estarán obligadas a investigar las circunstancias que han provocado esa situación y determinarán, con el consentimiento de los interesados, las prestaciones sociales que deben ser asignadas a la víctima, unos servicios que se concederán en el plazo máximo de diez días.

La expoliación que algunos mayores sufren en su patrimonio por parte de familiares o terceros es otro de los capítulos que recoge el decreto. En estos casos, la norma obliga a una atención preferente por parte de un abogado en el plazo máximo de siete días a través de un servicio de orientación jurídica gratuita. La Junta también acordará con los colegios notariales medidas para utilizar un lenguaje comprensible en la atención a los mayores, especialmente en consultas relativas a pérdida de propiedades, establecimiento de cargas y atribuciones a terceros de facultades de disposición de bienes.




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