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El Comité Español de Representantes de Minusválidos propone que los juicios por discriminación hacia los discapacitados sean gratuitos

Cermi entiende que estas personas están en una posición de desventaja a la hora de afrontar un proceso judicial

  • Fecha de publicación: 28 de abril de 2004

El Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) ha propuesto extender el derecho a la asistencia jurídica gratuita en aquellos procesos judiciales que traten cuestiones relativas a la discriminación de personas con discapacidad.

Según el Comité, "la reciente Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ha previsto en el artículo 18 los medios de defensa adecuados de dichas personas en el ámbito de la tutela judicial consagrada en la Constitución".

Cermi considera que "los costes de un proceso judicial constituyen un obstáculo para cualquier ciudadano, más aún cuando quien debe instarlo son personas secularmente marginadas de la vida económica y social y frecuentemente situadas en una posición de desventaja objetiva, independiente de la suficiencia o no de recursos".

Desigualdad objetiva

Esta situación de desventaja y desigualdad objetiva, según el Comité, es asimilable a la de los trabajadores en el orden jurisdiccional social, que sí tienen reconocido el derecho a la asistencia gratuita.

La disposición adicional segunda de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, extiende este beneficio a los consumidores y usuarios, en los términos de la Ley de defensa de los mismos.

Por esta razón, Cermi propone modificar la Ley 1/1996 y ha sugerido añadir una nueva letra, que sería la "g" en el artículo 2, que regula el ámbito personal de aplicación de dicha ley con el siguiente texto: "Las personas con discapacidad, señaladas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos, que actúen en un proceso en nombre e interés de las personas con discapacidad que así lo autoricen".




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