El último Informe del Consejo Económico y Social (CES) refleja que España es uno de los países europeos en los que se observa una menor proporción de personas con discapacidad que trabajan, por ello el CES reclama que todos los trabajadores con discapacidad puedan acceder a la jubilación anticipada, independientemente de su grado de minusvalía, ya que en la actualidad sólo pueden optar a la misma aquellos con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
El estudio «Situación de las personas con discapacidad en España» muestra además a este país como uno de los países europeos en los que se observa una menor proporción de personas con discapacidad que trabajan. Asimismo, señala que el empleo de trabajadores con discapacidad en las administraciones públicas ofrece un «panorama desalentador», agravado por el hecho de que en las ofertas públicas de empleo no se cubren los puestos reservados a personas con discapacidad.
Maternidad y reducción de jornada
Por otro lado, el CES pide que se equipare el derecho al descanso maternal y la cuantía de prestación por parto en el caso de nacimiento de un hijo discapacitado a las vigentes en caso de parto múltiple, ya que «las necesidades de atención al nuevo hijo son mayores que en los supuestos normales». También propone que las personas que ejercen tutela o acogimiento de discapacitados puedan disfrutar de los mismos beneficios fiscales otorgados a los padres.
En esta línea, el CES recomienda que se flexibilicen los porcentajes de reducción de jornada previstos en la legislación laboral en el caso de que un trabajador tenga a su cargo a un discapacitado, que se amplíe el periodo de excedencia a los trabajadores que atiendan a discapacitados, que se aumente el periodo de excedencia con reserva del puesto de trabajo cuando sea para el cuidado de un familiar discapacitado, que se considere el tiempo de excedencia para el cuidado de hijos o familiares discapacitados como cotizado a la Seguridad Social y que se incremente la duración del periodo de descanso por maternidad en casos de adopción o acogimiento de un menor con discapacidad.
Al CES le llama la atención que «sin haberse llevado a cabo una evaluación del cumplimiento de las numerosas prioridades, objetivos y líneas de intervención» marcadas en el Plan de Acción para las personas con Discapacidad 1997-2002, «se haya aprobado un II Plan cuyo planteamiento en este ámbito es residual y carece de continuidad con el anterior». Además, critica que en la elaboración de este nuevo plan haya faltado la participación de las organizaciones representadas.
La discapacidad en las estadísticas
En el informe también se hace referencia al INEM. Según señalan, la mejor vía de inclusión en la vida laboral activa de las personas con discapacidad pasa por impulsar su acceso al empleo ordinario, y recomienda incluir preguntas específicas sobre el empleo de los discapacitados en la EPA e incorporar la variable de la discapacidad en las estadísticas sobre el empleo. Asimismo piden que se fomente y asegure el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de puestos de trabajo en las empresas de más de 50 trabajadores, mejorando la respuesta de los Servicios Públicos de Empleo e intensificando la actuación de la Inspección de Trabajo.
Otro de los puntos destacados de este informe es la recomendación de una ley estatal sobre atención a la dependencia para cubrir las necesidades de un colectivo en constante crecimiento, y un Plan Nacional de Accesibilidad. También propone reforzar los mecanismos de evaluación, especialmente en las subvenciones concedidas al sector privado no lucrativo. El CES denuncia el número «insuficiente» de centros de recuperación de minusválidos físicos, de atención a éstos y de atención especializada de minusválidos psíquicos. También advierte de las diferencias «significativas» de una comunidad autónoma a otra. Entre las medidas destaca una mayor dotación para crear pisos tutelados, residencias y centros de día.
En el ámbito sanitario, el CES propone más formación, información y actualización del personal sanitario; mejora de la información a los discapacitados y familiares; articulación de un sistema de rehabilitación integral; garantía del acceso de los discapacitados a centros de referencia, independientemente de su lugar de residencia y dotación de infraestructuras intermedias como hospitales de día, pisos protegidos y centros ocupacionales.
Por otro lado, en este informe también hacen referencia a la salud mental. El órgano consultivo considera insuficiente la dotación de dispositivos y profesionales, y su desigual distribución territorial, por lo que recomienda que se agilice la elaboración del Plan Nacional de Atención a la Salud Mental.
Normativa básica de educación
En cuanto a la educación, estiman que en primera infancia la atención a discapacitados en «prácticamente nula» y que «el alumnado sufre una inadecuada y descoordinada atención», a pesar de que es el ámbito educativo el más propicio para la detección temprana.
En este sentido proponen que se establezca una nueva normativa básica de educación para que «garantice la aplicación efectiva y el cumplimiento del principio de no discriminación en el acceso y mantenimiento en el sistema educativo de los alumnos con discapacidad, durante todas las etapas educativas, obligatorias o no, así como en la FC y FPO». Además creen que sería conveniente prolongar la permanencia en las distintas etapas educativas y posibilitar la acumulación de estos años en cualquiera de ellas, establecer pasarelas de unas ramas profesionales a otras y ampliar horarios de atención especializada.
