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Las modificaciones no afectarán a los que ya perciben esta prestación, afirma el secretario de Estado de la Seguridad Social
El nuevo Gobierno tiene la firme intención de reformar la cobertura social de la viudedad para establecer una prestación más adecuada a las características de la sociedad actual, en la que aparecen diferentes tipos de familias y nuevas necesidades. El cambio ya fue barajado por ejecutivos anteriores, pero se vio frenado por la preocupación que su anuncio provocó entre los pensionistas. Ahora, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, está decidido a "reformular" la viudedad, pero subraya que las modificaciones no afectarán a los que ya perciben esta prestación, cuyos derechos adquiridos se respetarán en todo momento.
El colectivo de pensionistas de viudedad es el más numeroso después del de los jubilados. A finales del primer trimestre de 2004 ascendía a 2.129.500 personas. Y su nómina mensual, también la segunda más alta del sistema, tenía un coste de 918 millones de euros.
El Gobierno no está solo en este proyecto. Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) se muestran también favorables a modificar la viudedad. Sus representantes alegan que se trata de una ayuda pensada para un tiempo en el que la mujer no estaba incorporada al mercado de trabajo. Mantienen que esta prestación debe ser una garantía de renta, no un aumento de percepciones, y su reestructuración debe repercutir en la mejora de las pensiones mínimas. Además, existe el apoyo del Parlamento. El Congreso de los Diputados dio su visto bueno, en octubre de 2003, a la renovación del Pacto de Toledo (acuerdo político de 1995 que sirvió de base para las posteriores reformas de la Seguridad Social), documento que recoge la necesidad de "reformular la viudedad".
Coordinación con la UE
Ese nuevo acuerdo también recomienda una mayor coordinación de las prestaciones en el ámbito comunitario. Las reformas que se vayan a aplicar en España tendrán que considerar los mecanismos vigentes en el resto de la Unión Europea (UE). A través de la obra del profesor Danny Pieters, titulada "Los sistemas de Seguridad Social de los Estados Miembros de la UE", se aprecia que la mayoría de los países comunitarios vincula la viudedad a la edad del cónyuge superviviente, a su posibilidad de trabajo y a sus rentas, tras tener en cuenta cuál ha sido la causa del fallecimiento.
Este panorama obliga a abrir en España un periodo largo de estudio, consultas y debates, y a que autoridades, expertos y agentes sociales se tomen el tiempo necesario para presentar las pautas de los cambios. Todo indica que, pese a la firme apuesta del Gobierno, deberán pasar algunos años hasta que la reforma de la viudedad sea un hecho.
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