Sanidad se plantea crear un defensor general de los consumidores

• Fecha de publicación: 15 de junio de 2004

  La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció ayer que uno de los objetivos de su departamento es la creación de un defensor general de los consumidores. Salgado reivindicó de esta forma el protagonismo creciente que pretende para esta rama de su Ministerio.

La titular de Sanidad no dio muchos detalles sobre las eventuales competencias y ámbito de actuación de esta nueva figura en estudio, aunque su cometido sería "potenciar los derechos colectivos de los usuarios". Como hiciera hace 15 días ante la Comisión de Sanidad del Congreso, Salgado dejó clara su inquietud por garantizar la salvaguarda de los derechos de los consumidores.

"Los dos próximos años vamos a reforzar mucho todas las garantías de los consumidores", recalcó. El departamento trabaja para nivelar la relación "desigual" entre las grandes empresas prestatarias de servicios básicos -luz, agua, telefonía, gas...- y los usuarios. El objetivo es, a medio plazo, que darse de baja en un servicio sea tan sencillo como conseguir el alta, y no la larga peregrinación burocrática de la actualidad, con la que las compañías intentan disuadir al cliente insatisfecho.

Arbitraje

También está en cartera la modificación de la Ley de Consumo, y el impulso de los servicios y sistemas de arbitraje. Con este propósito, el Ministerio dará prioridad en la contratación con la Administración general a las grandes empresas que acepten sujetarse, sin excepciones ni límites, al sistema arbitral general de consumo.

Salgado adelantó estos extremos en la presentación de una campaña para dar a conocer las garantías que asisten a todos los ciudadanos en la compra de bienes de consumo. Su lema es explícito: "Ahora todos los productos nuevos que compramos tienen dos años de garantía. Exige tus derechos. Infórmate".

De esta forma, el Ministerio pretende difundir las ventajas para el comprador de la Ley de Garantías en la Venta de los Bienes de Consumo. La norma entró en vigor en septiembre pasado en cumplimiento de una directiva comunitaria y asegura al consumidor una garantía obligatoria de dos años para todos los productos nuevos, y de un año, como mínimo, para los bienes de segunda mano.