La UE insta a España a fomentar las denuncias sobre posibles pactos irregulares de precios

• Fecha de publicación: 28 de junio de 2004

La Comisión Europea cree que España debería hacer todo lo posible para fomentar las denuncias acerca de posibles pactos irregulares de precios. Así se lo comunicó esta semana el comisario comunitario de Competencia, Mario Monti, al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien a su vez señaló que, en su anunciada reforma de la normativa sobre competencia, el Ejecutivo se reservará la posibilidad de controlar casos "excepcionales" de concentraciones de empresas.

Las instancias comunitarias vigilan con atención la descentralización de la política de defensa de la competencia en España, que desde 2002 permite a las comunidades crear sus propios órganos (una especie de pequeños tribunales) a nivel territorial, que en la práctica servirían para agilizar el trabajo del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). No obstante, no se adoptará un papel activo para evitar injerencias no deseadas en la libertad de decisión de un Estado miembro.

Lo que sí pidió el comisario italiano a su antiguo compañero en la Comisión es que "exista coherencia en las decisiones" que tomen los distintos órganos (central y autonómicos), criterio que respaldó el ministro para evitar "solapamientos" o "contradicciones". Solbes se mostró también como un firme defensor de que exista una estructura piramidal de control y defensa de la competencia, encabezada por la UE, seguida del Estado y las autonomías.

Esquema de clemencia

La principal propuesta que Monti lanzó al Gobierno español, al que ofreció todo el apoyo de las autoridades comunitarias para sacar adelante sus ambiciosas reformas, es que se una al "esquema de clemencia" vigente en la Unión Europea desde 1996. En la práctica, esto supone incentivar -sobre todo, con reducciones en multas y penalizaciones- a las empresas que "descubran" pactos secretos de precios o concentraciones irregulares, es decir, premiar las delaciones sobre una práctica muy difícil de perseguir y demostrar.

Solbes, por su parte, explicó al comisario europeo los puntos en que se basará la reforma de la normativa sobre competencia que prepara el Gobierno, al considerar que el modelo actual (en vigor desde 1990) está "relativamente maduro". Además de adaptarse a los cambios surgidos en los últimos años y a las distintas directivas aprobadas desde Bruselas, el Ejecutivo quiere introducir "cláusulas de salvaguardia" para mejorar el control de las concentraciones empresariales, si bien sólo haría uso de ellas en casos "excepcionales".

Las modificaciones que llevará a cabo el Ministerio de Economía y Hacienda, para las que aún no hay un plazo fijado, también reforzarán las funciones del Tribunal, que pasará a instruir los expedientes sancionadores de conductas restrictivas que hasta ahora tramitaba el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC). Además, se buscará una "transparencia" mayor en la toma de decisiones, y no se tendrán en cuenta "criterios de oportunidad política".