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Los gruístas vascos se plantean retirar los coches de los arcenes si no se alcanza un acuerdo en 20 días, cobrando directamente a los afectados
Después del fracaso de la negociación del martes entre las empresas de asistencia en carretera (ANEAC y CEPAS) y las aseguradoras (Unespa), otras dos comunidades -Navarra y Extremadura- se han sumado a la huelga, además de Córdoba y Jaén. Con éstas, ya son diez las autonomías que secundan el paro técnico de las grúas, además de cuatro provincias andaluzas. El resto sigue estudiando sumarse al paro.
Ante el cariz que han tomado las negociaciones, el Gobierno está elaborando un plan de emergencia -que puede estar concluido hoy- para tratar de paliar el efecto que pueda tener la huelga del sector de cara a la operación retorno de este fin de semana.
La preparación de este plan, que prevé utilizar grúas de los bomberos y de los ayuntamientos, está siendo coordinada por la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, quien mantuvo ayer varias reuniones con los responsables de Fomento, Tráfico, Economía e Interior, así como con las administraciones públicas de las comunidades autónomas. Según anunció la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las medidas que se manejan, figura la retirada de todos los vehículos que se queden detenidos por accidente o avería fuera de la calzada.
Los gruístas del País Vasco, por su parte, se han dado un plazo de entre 20 y 30 días para resolver el conflicto que ha dejado inmovilizados en los arcenes a más de 400 vehículos en la red viaria vasca. De no alcanzar un acuerdo en este periodo de tiempo, la Asociación Vasca de Empresas de Auxilio en Carretera (AVEAC) contempla la posibilidad de retirar de los arcenes los vehículos averiados, cobrando directamente a los conductores y aplicando las tarifas que ellos consideren adecuadas.
Con esta medida se daría por finalizada la huelga de cara a los conductores -quienes deberían guardar la factura y reclamar al seguro-, pero "no para las aseguradoras", señaló el presidente de AVEAC, Joaquín Herrero, quien confía en que el conflicto que mantienen con Unespa se solucione antes del plazo que se han marcado.
No habrá negociación
Pese a la extensión del conflicto, Unespa anunció ayer que no seguirá negociando con las empresas de grúas hasta que éstas no suspendan el paro. La presidenta de la patronal aseguradora, Pilar González de Frutos, subrayó de forma tajante que mientras exista paro, no continuarán negociando con los empresarios, ya que "una situación de conflicto es el peor momento" para poder conversar de forma "tranquila y serena".
No obstante, González de Frutos insistió en el talante dialogante de Unespa y añadió que esta agrupación "no tiene el menor inconveniente" en sentarse de nuevo con los representantes de las grúas, aunque también planteó una serie de exigencias, entre las que destacó que las asociaciones del sector plasmen por escrito sus reclamaciones, ya que hasta el momento sólo se han dirigido a Unespa de forma verbal.
El anuncio de la patronal de las aseguradoras no tardó en recibir respuesta de las empresas de grúas, que no suspenderán los paros si la patronal "no negocia". Esas fueron las palabras del secretario técnico de la Confederación Española de Empresas de Asistencia en Carretera (CEPAS), Filemón Galarza, quien aseguró que continuarán con la protesta.
Para la presidenta de Unespa, la estrategia de los gruístas consiste en "dejar en la cuneta a los coches e imponer un precio", que de ser asumido "supondría una práctica ilegal contra la libre competencia". "El objetivo que pretenden con estos paros es quebrar la libertad del mercado, para lo que han retenido a los automovilistas como rehenes", criticó. González de Frutos alertó de que un incremento de tarifas del 100%, como aseguran que les exigen las empresas de asistencia en carretera, repercutiría en el coste de las pólizas del próximo año.
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