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CECU pide que se busquen "alternativas que supongan el menor perjuicio posible" para el ciudadano
El Gobierno repercutirá sobre la tarifa del agua que pagan los ciudadanos los costes de todas las infraestructuras relacionadas con la utilización de este recurso que se construyan en el futuro.
Así lo comunicó ayer a un grupo de periodistas la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de presidir la reunión del Consejo Nacional del Agua, en la que se debatirá el Plan que el Ejecutivo ha presentado como alternativa al trasvase del Ebro.
Narbona anunció la implantación "gradual" del principio de recuperación de costes en todas las obras que se aprueben a partir de ahora y observó que el régimen económico y fiscal, que data de 1985, es "insuficiente".
La ministra descartó que el nuevo régimen fiscal vaya a tener carácter retroactivo y recordó que la Unión Europea (UE) obligará en 2010 a todos los países miembros a repercutir sobre la tarifa del agua todos los costes relacionados con su uso.
Ante las declaraciones de Narbona, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) expresó su "desacuerdo inicial" y su "profunda preocupación".
CECU hizo un llamamiento a la Administración central a través de una nota "para concertar una reunión en la que puedan quedar claros todos los puntos y se pueda escuchar la voz de los consumidores" y se busquen "alternativas que supongan el menor perjuicio posible" para el ciudadano.
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