FACUA pide a la Administración un mayor control en las facturas de Gas Natural

Dice que esta compañía realiza "facturaciones ilegales de cantidades millonarias"

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2004

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera "razonable" la subida de la factura del gas el pasado martes, aunque pide a la Administración central un mayor control sobre la "facturación ilegal" de la compañía Gas Natural.

En opinión de FACUA, la subida de precios "es razonable teniendo en cuenta que supone un incremento anual en torno al IPC, ya que bajó un 0,8% en enero, también descendió en abril, subió en julio un 2,65% y ahora se plantea un aumento del 1,93%, por lo que el acumulado es una subida cercana al IPC".

Según la Federación, la política de precios máximos en el sector gasista "se ha demostrado como un sistema menos malo que la libertad que ofrece una competencia virtual", como ocurre en el sector de los carburantes, "donde el Gobierno ya no tiene capacidad para intervenir las tarifas porque liberalizó los precios en 1998 con el equivocado mensaje de que se favorecería la bajada de los mismos, cuando las gasolinas suben de forma desproporcionada e incontrolada".

Facturaciones ilegales

Por otro lado, FACUA solicita al Ejecutivo que "tome medidas de una vez" sobre las "facturaciones ilegales de cantidades millonarias que realiza la empresa Gas Natural a sus cuatro millones de clientes".

La organización de consumidores asegura que Gas Natural cobra una cuota por mantenimiento de instalaciones comunitarias "que son propiedad de la compañía y cuya tarifa oscila entre 22 y 49 euros anuales". En este sentido, recuerda que el Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles establece que es la propietaria de las instalaciones la que asume los costes de mantenimiento de las mismas.

FACUA cree además que el Gobierno debe intervenir en otra tarifa "también aplicada ilegalmente, como es la tarifa de alta, que no está autorizada por muchas comunidades autónomas". Apunta que "la legislación establece que para cobrar el alta, la comunidad en cuestión debe autorizarlo expresamente".