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Los ciudadanos sin recursos podrán volver a pleitear con la Seguridad Social de forma gratuita

El objetivo de esta medida es garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a toda la sociedad

  • Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2004

El Gobierno restaurará la justicia gratuita para los ciudadanos que pleiteen con la Tesorería General de la Seguridad Social y carezcan de recursos económicos. La asistencia sin coste abarcará materias de inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifas, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores. La única excepción son los casos relacionados con cuestiones recaudatorias que se resuelven por la vía contencioso-administrativa.

La reforma afectará a alrededor de 6.000 personas al año. Desde la Secretaría General de la Seguridad Social se reconoce que el volumen de beneficiarios es reducido, pero se resalta la importancia de la iniciativa y su positiva repercusión entre los colectivos más pobres.

La gratuidad fue instaurada en 1996, en la Ley de Asistencia Jurídica, al amparo de la Constitución. El motivo de su establecimiento fue que todos los ciudadanos con insuficiencia económica pudieran litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. En definitiva, su finalidad era garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a toda la sociedad.

Con posterioridad, otra norma que recogía "Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social", publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de diciembre de 2003, suprimió la gratuidad. Su texto trasladó del orden social al contencioso todos los pleitos de la Tesorería General. Ahora, la recuperación de la gratuidad figura en un proyecto de ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.

Requisitos

Los requisitos básicos para que los ciudadanos sean atendidos jurídicamente sin costes consisten en que los recursos económicos de los interesados no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud. El cómputo de los ingresos se hará anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar.

El cambio también responde a la transposición de la directiva comunitaria a la legislación española que regula "las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea (UE)". De esta manera, la atención gratuita se amplía a los ciudadanos de los demás estados comunitarios que se encuentren en España y acrediten su insuficiencia económica.

Los beneficios afectarán, asimismo, a las personas con discapacidad en virtud de "la igualdad de condiciones".




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