Los 39 acusados por el «fraude de las gasolineras» han aceptado la condena solicitada por la Fiscalía, de entre 15 y 21 meses de cárcel y multa de 2,11 millones de euros, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esta asociación denunció en enero de 1998 que los surtidores de varias estaciones de servicio de Madrid, Toledo y Albacete habían sido manipulados para suministrar un 5% menos del combustible que el que el conductor pagaba en realidad.
Los imputados están a la espera de que la Audiencia Nacional dicte la sentencia pero, tras la conformidad entre las partes, se han declarado culpables de delitos de estafa y relativos al mercado y los consumidores. De momento, se han adelantado a la ejecución del dictamen y ya han ingresado en la cuenta de consignaciones este órgano judicial la suma que deberán abonar de forma solidaria por las cantidades defraudadas.
Todas las partes han aceptado las conclusiones del Ministerio Público, que no establece circunstancias agravantes por considerar que la gasolina no es un bien de primera necesidad ni de «reconocida utilidad social». Quince de los inculpados se han declarado conformes con la pena de un año de cárcel por estafa, junto a otros nueve meses y pago de 11,2 euros diarios durante medio año por delito contra el mercado y los consumidores. El resto ha admitido nueve meses de prisión por el primer concepto, y otros seis meses más de multa de tres euros al día durante un semestre respecto al segundo delito.
Fondo contra el fraude
OCU se declaró satisfecha por el resultado del «largo» proceso judicial, y destacó el hecho de que los imputados vayan a pagar, de forma previsible, una indemnización. La asociación ha solicitado que este desembolso se integre en un «fondo de prevención del fraude» en materia de consumo que, a su juicio, debería estar gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y los propios consumidores.
El presidente de la organización, José María Múgica, aseguró que la cuantía de la multa «irá a las arcas del Estado», pues estima poco probable que los clientes estafados hayan guardado las facturas. Para defender su propuesta, señaló que existe un fondo similar que lucha contra las drogas y se financia con los bienes decomisados a los narcotraficantes. Múgica mostró su «enorme satisfacción» por el acuerdo de todas las partes del caso, pero lamentó que se haya tardado siete años en llegar a este punto.
Por otra parte, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) manifestó su alegría por la cercana resolución del caso, y recordó que en su momento fue un escándalo que dañó de forma notable la imagen a sus empresas. En la misma línea se declaró la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), que afirmó que la situación actual del sector es distinta a la de 1998, pues está «continuamente» controlado sin detectarse ningún fraude.
