Save the Children y el Defensor del Menor en Madrid solicitan que el castigo físico a los niños se prohíba por ley

Núñez Morgades afirma que la redacción actual del artículo 154 del Código Civil legitima la violencia

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2005

Siguiendo la recomendación que el Consejo de Europa hiciera a España hace años, la ONG de protección a la infancia Save the Children y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, pidieron ayer al Gobierno la reforma del Código Civil para evitar así cualquier castigo físico a los niños.

En la presentación del informe "Amor, Poder y Violencia", Pepa Hornos, miembro de Save de Children, denunció esta "violencia legal y socialmente aceptada" y citó un estudio de la Plataforma de Organizaciones de Infancia según el cual el 47% de los niños españoles creen que sus padres y madres tienen derecho a pegarles. Hornos también recordó que el 52,2% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el barómetro de marzo del 2004 considera imprescindible dar "algunas veces" un azote o bofetada a los hijos, mientras que otro 3,3% lo justifica "muchas veces".

Por su parte, Núñez Morgades consideró que el cachete "no es pedagógico" y daña tanto al niño como a los padres. El Defensor del Menor en Madrid pidió al Ejecutivo que emprenda la reforma del artículo 154 del Código Civil, que establece que "los padres podrán (...) corregir razonable y moderadamente a los hijos". Esa norma legitima la violencia, afirmó Morgades, por lo que propuso añadir la coletilla: "...siempre que no sea con un castigo físico o dañe la dignidad del menor".

Lo cierto es que el Gobierno, de acuerdo a la petición de instituciones como el Consejo de Europa, que ya instó a España hace más de una década a esta modificación legal, manifestó en noviembre pasado que estaba estudiando esta posibilidad. Y es que, según un informe de Naciones Unidas, únicamente tres de cada diez niños europeos viven en países que prohíben expresamente el castigo físico. A pesar de que España ratificó la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989, nuestro país no está entre ellos.