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El Gobierno penalizará los consumos por encima de los 650 kilovatios/hora al mes
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio prepara una subida de la tarifa eléctrica para los consumidores domésticos del 4,48% para el año que viene. El departamento que dirige José Montilla ha remitido la propuesta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y una vez que este organismo se pronuncie, la llevará al último Consejo de Ministros de este ejercicio, el 30 de diciembre, para su aprobación definitiva.
El incremento del precio recoge los dos puntos de alza tope que establece la actual metodología de cálculo de los precios. Sin embargo, este sistema permite al Ejecutivo aplicar subidas adicionales en función de los cambios regulatorios que se produzcan durante el año. Así, los 2,48% restantes responden tanto a la aprobación del plan de ahorro energético como a la estrategia de impulso de las energías renovables. Además, el repunte de los precios regulados responde también a una revisión del régimen especial extrapeninsular.
Las organizaciones de consumidores consideran que la subida debe ir acompañada de medidas para garantizar la calidad del servicio
La propuesta prevé, asimismo, una penalización de 1,3 céntimos por cada kilovatio a la hora que se consuma por encima de los 650 kilovatios/hora al mes. Un consumo, apuntan fuentes del sector, muy superior al normal de una familia.
Para un usuario doméstico medio, con un consumo anual de 3.000 kilovatios/hora y una factura media de 31 euros al mes en 2005, el incremento propuesto de la tarifa supondrá un encarecimiento del recibo de la luz de 1,40 euros al mes, IVA incluido. Además, la tarifa 1.0, o tarifa social, utilizada por los consumidores con menor poder adquisitivo, subirá un 1,4%, significativamente por debajo de la media.
Industria también propone una revisión al alza del 4,24% de la tarifa del gas para los consumidores domésticos a aplicar a partir de enero. Este incremento obedece a la subida de los precios del crudo y sus derivados (el coste del gas está ligado al del petróleo), ya que, en este caso, el crecimiento de la demanda permite cubrir los gastos. El problema de este hidrocarburo es la gran competencia internacional para abastecerse y que España no cuenta con infraestructuras suficientes de cara al futuro.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Unión de Consumidores de España (UCE) han coincidido en criticar la subida de las tarifas domésticas para 2006, al considerarla "injustificada y abusiva".
El director general de OCU, José María Múgica, declaró que con esta medida del Gobierno se culmina un proceso en el que se prometía poner en marcha medidas liberalizadoras. "Poco a poco hemos visto que esas medidas se han convertido en todo lo contrario", apuntó y añadió que esta subida de las tarifas de un 4,48% no está justificada en un servicio público como es la electricidad.
Múgica también hizo referencia a la propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de penalizar con 1,3 céntimos cada uno de los kilovatios/hora (kWh) que los consumidores domésticos consuman por encima de los 650 kWh al mes.
El responsable de OCU estimó que esta medida afectará más directamente a quienes utilicen mal la energía, aunque opinó que las "cantidades de penalización que se están barajando son totalmente desorbitadas".
En su opinión, esta subida no va acompañada de medidas para garantizar la calidad del servicio de las empresas eléctricas y evitar los apagones como el ocurrido en Canarias. "El Gobierno debería proteger a los consumidores pero sus medidas van encaminadas a mejorar las cuentas de resultados de las compañías", sentenció.
Por su parte, UCE calificó en un comunicado de "abusiva" la subida de la electricidad y el gas que plantea el Ministerio, "incremento que no está justificado por el aumento o mejora de los servicios".
"Consideramos que el Gobierno debe fomentar la competencia en lugar de aumentar las tarifas, más aún teniendo en cuenta que el de la energía es un sector sin competencia real en el que unas pocas empresas se reparten el pastel", afirmó la organización.
Además, insistió en que las compañías eléctricas "continuamente piden subidas de precios no justificadas por la calidad del servicio ofrecido, prueba de ello son los constantes apagones y faltas de suministro, normalmente debidos a la falta de inversión en la distribución y a la antigüedad de muchas de las instalaciones".
Por último, UCE consideró que las tarifas deben ir acompañadas de un exhaustivo plan de inversiones en instalaciones y suministro, que eviten los constantes apagones.
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