El Defensor del Pueblo investiga la labor de las administraciones en el caso de la estafa filatélica

Dice que "no existe coordinación institucional" para garantizar la protección de los inversores

Fecha de publicación: 25 de mayo de 2006

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la actuación de las diferentes administraciones públicas respecto al presunto fraude de las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa. El máximo responsable de este órgano, Enrique Múgica, denuncia el "vacío normativo" que existe en este sector.

Según Múgica, de los últimos acontecimientos se "evidencia" que la protección de los inversores "no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación institucional destinada a que la misma sea efectiva". En este punto, sostiene que "la única opción posible" que les queda a los clientes de las empresas de bienes tangibles es tener "confianza en unos gestores que, al margen de los controles que la legislación mercantil pueda establecer, no parecen encontrar barreras en el sistema para ofrecer cierta transparencia pública antes de entrar directamente en sospecha de fraude".

La actuación del Defensor del Pueblo también parte de la base de que, debido al sistema "cerrado" de valoración de los bienes que se ofrecen en este sector, "la capacidad de un inversor medio de conocer el valor real de sus activos es prácticamente nula". A su juicio, resulta "aún más preocupante que, tras años de investigaciones por la Agencia Tributaria en las que se ponían de manifiesto dudas razonables sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones de estas sociedades, se permitiera que continuaran con normalidad, ampliando el número de afectados y asumiendo el riesgo de que el fraude tuviera un alcance mucho mayor".

Como primera medida, la institución que dirige Múgica ya se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Economía, a fin de recabar todos los datos que disponga sobre Fórum Filatélico y Afinsa. Además, ha empezado a tramitar ante los estamentos públicos correspondientes las "numerosas" quejas individuales de los afectados, donde plantean la posible responsabilidad de la Administración en este asunto, a fin de que el Estado o las comunidades asuman la devolución del dinero invertido en dichas sociedades.