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La legislación portuguesa no permite que las asociaciones de defensa de los consumidores contraten abogados
Los inversores portugueses afectados por la presunta estafa filatélica de Afinsa podrán incorporarse a las acciones judiciales iniciadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en defensa de todos los perjudicados, según un acuerdo de colaboración alcanzado ayer entre OCU y la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor (DECO). El acuerdo entre OCU y DECO es posible gracias a que la ley española permite que las asociaciones de defensa de los consumidores contraten abogados, mientras que la legislación portuguesa lo considera ilícito.
El próximo 31 de agosto concluye el plazo para que los inversores lusos perjudicados por la supuesta estafa presenten la documentación a DECO, que después la enviará a OCU para que pueda preparar los procesos. En cualquier caso, OCU únicamente representará a los asociados de DECO o a los consumidores que se asocien a esta organización.
No se puede fijar un calendario del proceso porque "será largo", según afirmó el director general de OCU, José María Múgica, quien indicó que intentará recuperar "la mayor cantidad posible de deudas". La organización española cree que representará una deuda de unos 250 millones de euros, de un total de 6.000 millones, lo que dará a la organización "mayor fuerza para negociar", afirmó Múgica.
El organismo de defensa del consumidor luso ha recibido hasta ahora 1.600 reclamaciones, pero espera que con el anuncio de la colaboración con sus homólogos españoles esa cifra aumente de forma considerable en los próximos días.
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