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Considera que actualmente no se contemplan de forma adecuada los intereses de los usuarios
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha solicitado al Ministerio de Economía la creación de una oficina de enlace entre los responsables de competencia y de consumo para abordar las consecuencias que las operaciones de fusiones o concentraciones pueden tener en los consumidores.
En el informe que ha remitido el CCU al departamento de Pedro Solbes sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, los representantes de los consumidores consideran que dicha oficina, que residiría en el Instituto Nacional de Consumo, debería servir de contacto para los usuarios finales, para poner en conocimiento de las asociaciones de consumidores los asuntos de competencia y crear observatorios para evaluar los procesos de apertura de mercados y su impacto en este colectivo.
El CCU valora de forma positiva el proyecto de ley que une en un sólo organismo al Servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia y sólo permite al Gobierno intervenir en las concentraciones por motivos de interés general pero lamenta que no se contemple de forma adecuada la consideración de los intereses de los consumidores. "La política de competencia no tiene en cuenta la actitud de las empresas y su comportamiento en el mercado, es decir, regula el lado de la oferta y, sin embargo, carece de mecanismos para que el otro lado, el de la demanda, pueda participar en dicha política", subraya.
En este sentido, el CCU critica que el proyecto de ley suponga un retroceso en este ámbito respecto a la legislación anterior, que al menos contemplaba la posibilidad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) pudiera emitir informes sobre la situación de determinados mercados a instancias de las asociaciones de consumidores. En la misma línea, indica que los representantes de los consumidores sólo tienen cauce legal para ser oídos en las operaciones examinadas en segunda fase y que corresponden al TDC, cuando la mayor parte de las operaciones se resuelven en primera fase ante el Servicio de Defensa de la Competencia.
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