Entre el 7 y el 8 de febrero funcionarios comunitarios llevaron a cabo inspecciones repentinas en locales de varias plantas productoras y transformadoras de energía eléctrica de Francia, Alemania y Austria, ante la sospecha de que pudieran estar llevando a cabo prácticas ilegales, como la fijación de precios.
La Comisión Europea informó que los inspectores estuvieron acompañados en todo momento por representantes de la autoridad de competencia de cada uno de los países en los que se efectuaron las inspecciones.
Según explicó el Ejecutivo comunitario, la función de estos transformadores de energía es reducir o incrementar la transmisión de electricidad y las redes de distribución, por lo que las considera «componentes clave en la transmisión y distribución de energía». Sobre ellas, Bruselas «tiene razones para pensar que las compañías eléctricas habrían violado» las disposiciones del Tratado de la UE que prohíben prácticas ilegales como la fijación de precios.
Estas inspecciones por sorpresa son un «paso preliminar» en la investigación de casos de cárteles y su mera realización no prejuzga el resultado de este eventual análisis porque «no significa en ningún caso que las compañías sean culpables de tener una actitud anticompetitiva».
Respecto a las investigaciones de cárteles empresariales, Bruselas apuntó que no hay ninguna fecha para la finalización de ninguna de ellas y que la duración depende de distintos factores, como la complejidad de cada caso, si las partes implicadas cooperan o no y el ejercicio del derecho de defensa.
