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Las operadoras no podrán penalizar a los clientes que decidan darse de baja

Consumo defiende que el próximo alza de tarifas altera los compromisos suscritos

  • Fecha de publicación: 23 de febrero de 2007

Los usuarios de telefonía móvil podrán cambiar de operador sin que ello les suponga penalización alguna y sin que las compañías telefónicas puedan reclamar indemnizaciones por incumplimiento de compromisos de permanencia. El Ministerio de Sanidad y Consumo recordó ayer que la modificación de tarifas que se producirá el próximo jueves, y que se traducirá en alzas generalizas en la mayoría de los casos para compensar el final del redondeo en el cobro de las llamadas, supone una modificación unilateral del contrato y, por lo tanto, los clientes quedan liberados de cualquier pacto previo.

En los últimos meses, el sector ha intentado retener a los clientes que pretendían pasarse a una empresa de la competencia con la "amenaza" de cobrarles una cantidad -en torno a los 150 euros- por vulnerar una promesa de vinculación con la marca durante un periodo determinado; por lo general, un año y medio. Ese compromiso está ligado en unos casos a una promoción de tarifas y en otros a la adquisición de un terminal subvencionado.

Los usuarios incluidos en el primer grupo -los que se benefician de precios más bajos- no deben abonar cantidad alguna si se pasan a otro operador, subrayó ayer el Ministerio. Son las compañías quienes han cambiado de forma unilateral las condiciones del acuerdo, por lo que, a su juicio, los clientes están legitimados para ejercer un "desistimiento" del contrato sin penalizaciones.

En cuanto a los aparatos subvencionados -las empresas suelen vender los equipos a un precio inferior a su coste real para atraer clientes-, el Gobierno admite que puede existir el derecho a percibir una indemnización, pero recuerda que debe ser "proporcional". Además, abre la posibilidad a que el cliente manifieste su desacuerdo y recuerda a las compañías que si eso se produce están obligadas a recurrir a los tribunales de justicia para intentar cobrar lo que reclaman.

Con el pronunciamiento de ayer del Ministerio se da la vuelta al procedimiento utilizado habitualmente por el sector para cambiar de compañía. Así, hasta ahora, los usuarios que se negaban a abonar esas penalizaciones no conseguían cambiar de operador, ya que estos se negaban a facilitar la portabilidad del número de teléfono. Mantenerlo cuando se cambia de empresa es posible, pero exige que quien cede al cliente esté de acuerdo con ello y facilite el proceso. Consumo estima que, en caso de discrepancia entre usuario y compañía, ésta última no podrá negarse a la "migración", deberá facilitarla y, posteriormente, podrá plantear una reclamación judicial sobre las cantidades exigidas como compensación por los terminales subvencionados.

Intervención del TDC

Por su parte, la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco ha solicitado la intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ante la posibilidad de que las compañías hayan pactado la subida de tarifas.

El incremento anunciado por Movistar, Vodafone, Orange y Euskaltel es muy similar, al menos en lo que respecta al coste del establecimiento de llamada, que han fijado en 15 céntimos, "lo que puede llevar a suponer la existencia de prácticas concertadas o conscientemente paralelas", afirma el Ejecutivo autónomo.

A su juicio, en este caso se ha aprovechado la nueva ley de protección de los consumidores como base para aumentar las tarifas, lo que "desnaturaliza totalmente el sentido de dicha normativa".

Por ello, y ante la "alarma social" suscitada por esta situación, la Dirección de Consumo pide al TDC que actúe a la mayor brevedad posible.




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