• Fecha de publicación: 12 de abril de 2007

Los cuidadores familiares de las personas dependientes podrán recibir hasta 487 euros mensuales netos en concepto de prestación, en virtud de la nueva Ley de Dependencia. El Gobierno debatirá esta cifra con las comunidades autónomas la próxima semana en el Consejo Territorial.

La cifra propuesta por el ministro de Trabajo, Jesús Calera, es variable -487 euros como máximo-, ya que dependerá del grado de discapacidad de cada enfermo, pero que, a pesar de todo, se acerca a otras prestaciones sociales públicas como la pensión mínima de jubilación o viudedad (493 euros).

A estos 487 euros de tope habría que añadir el coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que correrá a cargo de las arcas del Estado. Por lo tanto, la partida correspondiente a cada cuidador podría ascender a un máximo de 561 euros, que pagaría tanto el Gobierno como las comunidades.

Además de la prestación, al tener que darse de alta en la Seguridad Social, los cuidadores tendrán derecho a recibir la pensión correspondiente. "Que un cuidador que atiende a un familiar reciba 561 euros al mes entre el salario y la aportación a la Seguridad Social es sin duda un avance notable, porque hoy no recibe nada", señaló ayer Caldera durante una visita a un centro para ancianos de Moratalaz (Madrid).

En su comparecencia, el ministro recordó que tanto el Gobierno como las comunidades tienen de plazo hasta mayo, según marca la ley, para definir el desarrollo de estas partidas (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la Seguridad Social).

Fondo extraordinario

Caldera también habló de la creación de un fondo extraordinario de inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública del Sistema de Dependencia., que se dedicará a la construcción de centros de día y residencias.

Hasta el momento, ya se ha acordado el baremo de evaluación del grado de dependencia de los enfermos, y en las próximas semanas los ciudadanos podrán solicitar una evaluación de su minusvalía por parte de los servicios sociales, un paso previo para que los casos más graves perciban este mismo año las prestaciones contempladas en la norma.

En 2007, según la normativa, tendrán acceso a la atención las personas con gran dependencia y, paulatinamente hasta 2015, se irán incorporando al sistema aquellas con dependencias severas y moderadas.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que entró en vigor el pasado 1 de enero, establece el derecho de ancianos y discapacitados que no puedan valerse por sí mismos a ser atendidos por los poderes públicos.

A través del Sistema de Dependencia, las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) y prestaciones económicas (para el cuidador familiar o para el asistente personal) que necesiten.

Para financiar la puesta en marcha del Sistema de Dependencia, el Gobierno y las comunidades autónomas destinarán cerca de 26.000 millones de euros adicionales hasta 2015 (más de 800 en 2007).