• Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2007

La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado su querella contra los gestores de Afinsa por un presunto delito contra la Hacienda Pública en varias inversiones realizadas desde Auctentia, una de las filiales de Escala Group, a Bröhan Design Inc.

Un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, admite a trámite esta extensión de la querella, en la que se imputa a los propietarios de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas y Albertino de Figueiredo, además de a Esteban Pérez Herrero y Ramón Egurbide, presidente y jefe de operaciones de Escala Group, filial de Afinsa en EE.UU.

Según Anticorrupción, Auctentia aportó, en octubre de 2000, 512.000 euros a una sociedad norteamericana llamada Bröhan Design Inc y, en años posteriores, aumentó su aportación hasta 1,29 millones de euros, además de un préstamo por importe de 64.175 euros, hasta completar una inversión total de 1,36 millones de euros.

Los afectados convocan en Madrid una manifestación para "presionar a los poderes públicos y lograr una solución al problema"

La Agencia Tributaria considera esta cantidad "una pérdida contable no justificada" pues, según todos los indicios, las aportaciones de Auctentia "no perseguían adquirir una participación en el negocio, sino transferir efectivo a los EE.UU. con un destino todavía sin precisar". La cuota defraudada ascendería a 440.624 euros.

Sin embargo, la defensa de Afinsa afirma que esta sociedad de EE.UU. intervino en una tasación y unas compras de filatelia, pero finalmente su relación no fructificó, por lo que ha estado inactiva durante estos últimos cuatro años y considera, por tanto, que no ha habido ninguna evasión de capitales.

Afectados

Por su parte, los afectados por las intervenciones de Fórum y Afinsa han reclamado de nuevo "una solución política que permita a los perjudicados recuperar su dinero y al Estado ahorrarse los millones de euros de intereses" que, a su juicio, "supondría la dilatación del proceso" judicial.

Responsables de la Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa y de la "Asociación de Perjudicados Fórum: Defendiendo lo Nuestro", han informado de la situación en la que se encuentran 16 meses después de la intervención de ambas compañías.

Durante su comparecencia, los afectados opinaron que en este proceso "el Estado acabará siendo declarado por los tribunales responsable y deberá hacer frente a la devolución del dinero" porque "no hay ni una sola evidencia que justifique la intervención" que tuvo lugar en estas empresas.

Los perjudicados opinaron que incluso en el "caso improbable" de que los tribunales "declararan financiera la actividad de las empresas, también sería responsable" el Estado por "no haber activado los mecanismos de control que exige una actividad de estas características y que están en manos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que incluyen un fondo de garantías para hacer frente a posibles crisis en este tipo de entidades".

Por este motivo, hicieron hincapié en la necesidad de una "solución política" a este problema, para lo que los afectados "han iniciado contactos con los grupos políticos" con el fin de que "el Congreso apruebe un fondo de garantía" o que se asuma "la liquidación ordenada de las dos empresas en un plazo de tres o cuatros años que permita devolver el dinero a los perjudicados con el menor coste posible para las arcas públicas".

Reiteraron además su "falta de confianza en los administradores concursales designados por los jueces" en este caso porque, según dijeron, es la primera vez "en la historia" que "los acreedores no están representados en el proceso de liquidación de las empresas".

Aclararon en este sentido que "la designación de Hacienda como parte del grupo de administradores concursales ha privado a los verdaderos acreedores, los clientes, de poder gestionar la liquidación de su patrimonio".

Hicieron asimismo un llamamiento a todos los afectados a que acudan a la manifestación organizada para el próximo 29 de septiembre en Madrid para "presionar a los poderes públicos y lograr una solución al problema".