El Ministerio de Consumo subraya que la sentencia del Supremo anula sólo parcialmente la concesión de subvenciones a los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa

• Fecha de publicación: 28 de febrero de 2008

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha hecho pública una nota en la que destaca que el Tribunal Supremo ha declarado sólo "parcialmente nulo" el real decreto por el que el Gobierno de España regulaba la concesión de subvenciones de dos millones de euros en 2006 a las asociaciones de consumidores y usuarios "para asesoramiento y apoyo" a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa. En concreto, el fallo afecta a la partida de 1,3 millones de euros "concedida en concepto de gastos de procedimientos judiciales".

La sentencia, no obstante, considera legal la actuación de la Administración Pública en cuanto a la concesión de 700.000 euros a las asociaciones más representativas, es decir, a las integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios, para asesoramiento y apoyo a los afectados.

Ausbanc Consumo, que quedó fuera de estas ayudas, interpuso el recurso que ha provocado esta decisión judicial. Sin embargo, según el Ministerio, "el Tribunal Supremo confirma en su sentencia que el real decreto impugnado expresa las razones que justifican que se subvencione a las organizaciones de consumidores más representativas a nivel nacional, que públicamente se ofrecieron a asesorar a los afectados de forma gratuita".

La sentencia señala como lógica la decisión del Gobierno de destinar los fondos públicos a las organizaciones más representativas

La redacción de la sentencia recoge que si los medios de las asociaciones de consumidores y usuarios no son suficientes para hacer frente a un volumen de reclamaciones simultáneo tan elevado como el que se estaba produciendo, "es lógica la opción de que los fondos públicos, siempre limitados, se destinen a aquellas organizaciones que, por ser las más representativas a nivel nacional, habían de ser receptoras de un número significativamente mayor de solicitudes de asesoramiento".

Consumo explica que la misión del real decreto parcialmente anulado, "aprobado por el Consejo de Ministros de forma inmediata a la intervención judicial dada la urgencia de la situación", no era otro que prestar apoyo a las citadas asociaciones de consumidores y usuarios. El Tribunal Supremo indica que estas organizaciones habían ofrecido con anterioridad "asesoramiento gratuito a los afectados". El reglamento aprobado por el Ejecutivo pretendía "dotarlas de medios para hacer frente a una situación excepcional con más de 350.000 afectados".

El fallo del Alto Tribunal confirma la legalidad de la actuación de la Administración pública de regular la concesión de ayudas de 700.000 euros

"Las organizaciones de consumidores y usuarios integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios han realizado eficientemente el compromiso asumido con los afectados, representando a más 180.000 afectados", concluye el Ministerio.

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